La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) hizo un llamado urgente a la comunidad internacional a unir esfuerzos y repudiar la represión del gobierno de Daniel Ortega contra todo indicio de oposición y de crítica independiente.
“La persecución política del régimen ha alcanzado el nivel de violación a los derechos humanos y ha criminalizado el derecho a las libertades de expresión, de prensa y de reunión”, destacó el organismo.
"La persecución política del régimen ha alcanzado el nivel de violación a los derechos humanos y ha criminalizado el derecho a las libertades de expresión, de prensa y de reunión." https://t.co/XysBASLjUg
— SIP • IAPA (@sip_oficial) June 21, 2021
Por su parte, el presidente de la SIP, Jorge Canahuati, expresó: “Estamos ante un régimen que, resguardado en leyes creadas a su medida, se empeña en aniquilar todas las voces críticas y a sus rivales políticos”.
“Se trata de un claro atentado contra la democracia y la libertad de expresión”, enfatizó.
En la misma línea, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, agregó que “la persecución política del régimen ha alcanzado el nivel de violación a los derechos humanos y ha criminalizado el derecho a las libertades de expresión, de prensa y de reunión, con el objetivo de consolidarse indefinidamente en el poder”.
Canahuati, presidente de Grupo Opsa, de Honduras, y Jornet, director de La Voz del Interior, de Argentina, instaron a la comunidad internacional y a las organizaciones nacionales de prensa “a mantener la denuncia contra el régimen de Nicaragua, ante el grave atentado a la democracia y a las libertades fundamentales”.
Condena ante detención de Miguel Mora
De igual manera, la SIP condenó la detención del periodista Miguel Mora, precandidato a la Presidencia de Nicaragua para las elecciones de noviembre próximo.
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Miguel Mora, periodista y exdirector del canal 100% Noticias, fue detenido el 20 de junio y es el quinto precandidato encarcelado, además de activistas, empresarios, banqueros y exguerrilleros sandinistas.
Un total de 18 personas a las que el régimen Ortega-Murillo ha marginado del espectro político y social, utilizando un marco normativo, como la Ley 1055, que criminaliza a la oposición.
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