CIDH condena la persistencia de la impunidad en Nicaragua

Foto: Roberto Fonseca / La Prensa

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un comunicado, condenó la impunidad generalizada y el prolongado quebrantamiento del Estado de Derecho que persiste en Nicaragua.

De igual manera, la CIDH destaca que “urge al Estado a adoptar las medidas necesarias para la superación de la crisis y el restablecimiento de la institucionalidad democrática”

“En especial mediante procesos que garanticen el derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas y sus familiares”, mencionó la Comisión.

Desde su visita, el 17 de mayo de 2018 hasta la fecha, la CIDH ha documentado la perpetración de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de la represión violenta a las protestas sociales iniciada en abril de ese mismo año. De acuerdo con la información registrada a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), hasta la fecha, la crisis de derechos humanos en Nicaragua ha resultado en al menos 328 personas fallecidas y, unas 2 mil heridas, como consecuencia de la actuación de agentes estatales o de civiles actuando con la aquiescencia y tolerancia de éstos; denuncias sobre la práctica generalizada y sistemática de malos tratos, varios de los cuales podrían alcanzar el umbral de la tortura. Asimismo, los reportes han determinado que al menos 1614 personas han sido víctimas de privación arbitraria de su libertad como represalia por haber participado en actos de protesta u oposición al gobierno. Tanto la labor de monitoreo y seguimiento de la CIDH, como la información pública aportada por ACNUR, indican que más de 100 mil personas habrían migrado desde Nicaragua presumiblemente en protección de su vida, integridad y libertad personal.

Del mismo modo, la Comisión recuerda que de acuerdo con la información aportada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEINicaragua), en el contexto del ataque sistemático perpetrado en contra de la población civil como represalia a las protestas sociales, se han desarrollado hechos que, conforme al derecho internacional, deben calificarse de crímenes de lesa humanidad.

Además, condena los asesinatos, que hasta ahora permanecen impunes, de campesinas y campesinos en las zonas rurales del país, que son líderes y lideresas, activistas o personas identificadas como opositoras.

Del mismo modo, llama la atención sobre la situación de colonización de territorios indígenas y del patrón de ataques ocurridos en dicho contexto, que continúan produciendo víctimas fatales, personas heridas y desplazamiento de familias y comunidades de los pueblos indígenas y afrodescendientes en las regiones autónomas del Caribe, sin que hasta ahora haya información que indique procesos de verdad y justicia en esos casos, ni medidas para prevenir su ocurrencia.

La CIDH ha denunciado que, las autoridades desplegaron varias estrategias además del impedimento legal y físico – mediante el uso de la fuerza en las etapas de mayor violencia estatal - destinadas a acallar las voces disidentes en demanda del fin de la impunidad y la democratización del país. 

Entre ellas destaca la expulsión de al menos 150 estudiantes de universidades públicas y más de 400 trabajadoras y trabajadores de salud pública. En el mismo contexto, la CIDH ha registrado el ataque a la libertad de prensa a través del asedio policial y persecución institucional a medios de comunicación y personas trabajadoras de la prensa independiente, lo que ha provocado el cierre de varios medios, la amenaza de cierre de otros y el exilio de más de 90 periodistas.

Asimismo, la CIDH lamenta la falta de voluntad manifiesta del Estado nicaragüense para superar la impunidad y, en general, la grave crisis que atraviesa al país.

A la fecha, desde las más altas autoridades del Estado persiste una narrativa tendiente a negar las violaciones a derechos humanos y estigmatizar a las víctimas. Además, siguen vigentes el conjunto de leyes aprobadas en el 2019 que resultan incompatibles con el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y a una reparación integral para las víctimas de la represión, entre ellas, la Ley de Amnistía. Lo anterior, sumado a la falta de independencia de la administración de justicia, consolida la impunidad de las violaciones de los derechos humanos ocurridas.

La CIDH recuerda el deber indelegable del Estado de Nicaragua mantener y publicar información fidedigna sobre las víctimas de las violaciones a los derechos humanos.

Por lo tanto, a tres años del inicio de la crisis, la Comisión hace un llamado urgente para poner fin a la impunidad, y a adoptar las medidas necesarias para la superación de la crisis y el restablecimiento de la institucionalidad democrática por medio del inicio de procesos que promuevan la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de la grave crisis que experimenta el país.

La Comisión, recuerda al Estado que además de ser una obligación internacional, se trata del único conjunto de mecanismos que permitirían una auténtica y estable reconciliación nacional.

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