“La candidatura de Ortega es un recordatorio de la impunidad en Nicaragua”

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional señaló que la candidatura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en las próximas elecciones presidenciales perpetuaría la impunidad por las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos bajo su mando.

“Mientras se anuncia la candidatura de Daniel Ortega, miles de víctimas de violaciones a derechos humanos siguen esperando justicia por los crímenes cometidos por las autoridades nicaragüenses bajo su gobierno”, manifestó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.


De igual manera, indicó que “mantener las estructuras que han asegurado la impunidad no puede ser la base para la construcción del futuro del país”.

Por lo tanto, enfatizó que “para salir de la crisis se necesita que las violaciones a los derechos humanos se detengan, que los señalados como sospechosos sean investigados con imparcialidad y prontamente que las víctimas obtengan justicia, verdad y reparación”.


En el 2018, el informe de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua determinó que las autoridades nicaragüenses cometieron crímenes de lesa humanidad.

Asimismo, señaló que existen elementos que llevan a pensar que los crímenes cometidos fueron tolerados, alentados u ordenados por las máximas autoridades, incluyendo al presidente del país, quien además ejerce como Jefe Supremo de la Policía Nacional, rango más alto del mando institucional.


“Cualquier Estado que tenga bajo su jurisdicción una persona acusada de estos graves hechos, debe hacerla comparecer ante la justicia. La comunidad internacional no puede quedarse cruzada de brazos si algún individuo sospechoso de la comisión de estos crímenes está en su territorio”, subrayó Guevara Rosas.

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha manifestado que la libertad de expresión, la de reunión y la de asociación son condiciones esenciales para el ejercicio efectivo del derecho de voto y, por ende, deben protegerse plenamente. Sin embargo, en Nicaragua el ejercicio de estos derechos es parte de una realidad inalcanzable.