ONU: “No hay camino ni futuro para los ciudadanos nicaragüenses”

Nicaragüenses protestando. FOTO: Cortesía.

El representante regional de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos para América Central (OACNUDH), Alberto Brunori, opina que el panorama en Nicaragua es incierto, desalentador y no hay camino ni futuro para los ciudadanos, tomando en cuenta la constante y cotidiana violación a los derechos humanos.

El país vive desde hace casi tres años una crisis multidimensional: social, política y de derechos humanos, destacó Brunori en un artículo divulgado por el medio estadounidense, The Washington Post.

Agregó que la crisis se ve agravada por la pandemia y los desastres que dejaron a su paso los huracanes Eta e Iota en noviembre 2020.

Las elecciones generales se acercan en Nicaragua, y se llevarán a cabo en medio de una tensión social si el gobierno no toma medidas para resolver la crisis, según el diplomático.

Alberto Brunori, representante de la ONU en América Central.

Leyes restringen espacios cívicos

En el escrito detalló que las recientes leyes aprobadas por el orteguismo contienen “disposiciones que contravienen los estándares internacionales de derechos humanos y restringen las libertades necesarias para el espacio cívico, especialmente en el escenario electoral”.

Brunori crítico la reforma al Código Procesal Penal (CPP), alegando que el gobierno de Daniel Ortega ahora pretende “detener para investigar”, en lugar de primero “investigar para luego detener”.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos cree que, una vez más, el gobierno de Nicaragua tiene la ocasión de abrirse a las exigencias de cambio e implementar las recomendaciones de los organismos regionales y globales de derechos humanos, incluyendo las de reformas electorales.

Violenta represión en Nicaragua.
FOTO: Cortesía.

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Esta instancia internacional dice que ha ofrecido en reiteradas ocasiones su disposición para prestar al Estado de Nicaragua asistencia técnica a fin de tomar medidas acordes con el derecho internacional de los derechos humanos, “como lo hacemos en todos los países del mundo, pero el gobierno no ha aceptado dicha cooperación”, añadieron.

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