ONU insta a Nicaragua a reabrir organizaciones, medios y partidos cerrados “arbitrariamente”

La Comisión Permanente de Derechos Humanos, una de las ONG cerradas por el Gobierno. Foto: Reuters / Maynor Valenzuela

La Organización de Naciones Unidas (ONU) a través de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, mostró preocupación por las reformas legales que limitan en Nicaragua el margen de maniobra de la sociedad civil, refiriéndose a nueva ley que entró en vigor el pasado viernes y que busca “prevenir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo”.

Sin embargo, la ONU analiza que el único objetivo es “profundizar la represión del espacio cívico”, con nuevas obligaciones que “dejan a las organizaciones a merced de los dictámenes del Gobierno” de Daniel Ortega, a quien el organismo internacional insta a reabrir organizaciones, medios y partidos cerrados “arbitrariamente”.

Y es que la entrada en vigor de la ley coincidió con una votación en la Asamblea Nacional para despojar a 50 organizaciones de la sociedad civil de su personalidad jurídica por un supuesto incumplimiento de otras disposiciones legales.

La reforma dificulta el registro de las organizaciones no gubernamentales al obligarlas a solicitar la aprobación del Gobierno para sus actividades y les obliga a darles nueva información, como las fuentes de financiación, los estados financieros, las actividades y los beneficiarios.

Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

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La portavoz de la Alta Comisionada, Liz Throssell, dijo en un comunicado que la ONU teme que “estas restricciones tendrán como efecto coartar la libertad de expresión y asociación de cualquier organización que quiera ser crítica” hacia la administración de Ortega.

Desde 2018, cuando se registraron las movilizaciones de opositores, disidentes y población en general, Ortega ha cerrado al menos 209 organizaciones, 137 de ellas este año, y ha asumido el control de 12 universidades.

Para la oficina que encabeza Michelle Bachelet, “es crucial que las autoridades nicaragüenses cesen las indebidas cancelaciones y restablezcan la personalidad jurídica de todas las organizaciones, partidos políticos y medios de comunicación que han sido cerrados arbitrariamente”.




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