Organizaciones empresariales internacionales condenan la detención de Michael Healy y Álvaro Vargas, respectivamente presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), y exigen la libertad inmediata de estos, así como de los demás presos políticos que se encuentran arrestados.
La Asociación de Industriales Latinoamericanos (AILA) insistió que las acciones son ejecutadas de forma arbitraria por el Gobierno de Daniel Ortega con el fin de coartar los derechos de empresarios y de la ciudadanía”.
De igual manera, insistió que este tipo de acciones “representan una amenaza contra la democracia, los derechos y garantías ciudadanas y empresariales de los nicaragüenses y de Latinoamérica”.
“Desde la Presidencia de AILA, señalamos que el verdadero derecho del pueblo nicaragüense a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz es la libertad de expresión”, destacó la asociación en un comunicado.
Asimismo, recalcó que continuarán levantando la voz “para que en la región latinoamericana se respeten los principios de la libre empresa y la democracia como fundamento para el desarrollo sostenible y la generación de empleo en nuestros países”.
Por su parte la Federación de Cámaras de Industrias de Centroamérica y la República Dominicana (Fecaica) criticó “los actos ocurridos en Nicaragua que violentan los derechos humanos reconocidos universalmente y los individuales establecidos en la Constitución Política de Nicaragua. Las garantías constitucionales y los derechos humanos de todos los ciudadanos nicaragüenses deben ser respetados”.
La Federación subrayó que estos hechos “van en contra del desarrollo del país y causan inestabilidad política y social. Atentar contra la certeza jurídica del país traerá graves consecuencias para este mismo, afectando directamente el empleo y la inversión, elementos indispensables para la recuperación económica”.
Ambas entidades, expresan su solidaridad con los empresarios detenidos la mañana de este jueves 21 de octubre.
Healy y Vargas fueron detenidos la mañana de este jueves por supuesto delito de “lavado de dinero, bienes y activos”. Estos empresarios se unen a los 37 opositores capturados por el Gobierno de Nicaragua, entre ellos siete aspirantes a la presidencia de la República.
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