La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), denunció nuevamente las condiciones precarias en las que se encuentran los más de 160 presos políticos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como “el nuevo Chipote”, motivo por el que solicitan el ingreso del Comité Internacional de la Cruz Roja para verificar la condición de salud de cada reo.
“La Unidad Nacional Azul y Blanco denuncia ante los medios de comunicación, la comunidad internacional y el pueblo Nicaragua el grave deterioro de la salud física y emocional de todas las personas presas políticas”, citaron en un comunicado publicado este lunes 18 de octubre, respaldando a las familias de los presos “en sus demandas por la liberación inmediata de las cárceles”.
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Después que el gobierno de Ortega-Murillo, permitió la segunda visita a los 37 presos políticos que mantiene tras las rejas de Auxilio Judicial, la UNAB teme por sus vidas, alegando que corren un riesgo inminente de daños irreversibles a su integridad física y sicológica.
“Presentan un alto grado de desnutrición por la mala alimentación a la que están sometidos, mientras a los familiares no les reciben los alimentos en ninguno de los tres tiempos de comida y representa una de sus principales demandas”, indicaron.
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De acuerdo al comunicado, durante la visita de los familiares, los reos les confesaron que los interrogatorios durante el día no se detienen, y las luces de las rejas permanecen las 24 horas encendidas y ven el sol pocas horas en la semana.
También señalaron que algunos presos, integrantes de esta organización política, han perdido demasiado peso, presentan desnutrición severa, y deterioro de su salud física, emocional y psicológica.
Familiares de Tamara Dávila, miembro de la UNAB, denunciaron, que permanece aislada en una celda que no presta las condiciones carcelarias mínimas.
“Reiteramos nuestro llamado al Comité Internacional de la Cruz Roja a gestionar ante el régimen orteguista que les permita ingresar a las cárceles de El Chipote y La Modelo, a verificar las condiciones de salud y tratar médicamente a cada persona presa política”, concluyeron.
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