La Organización sin fines de lucro, ACAPS en su nuevo informe de análisis de “riesgo global“, indicó que Nicaragua se encuentra entre los países en riesgo medio de condiciones de derechos humanos.
De igual manera, ACAPS manifiesta en su informe que con “la nueva legislación que limita en gran medida las operaciones humanitarias se suma a las necesidades insatisfechas y empeora las condiciones humanitarias” en el país.
@ACAPSproject's new global risk analysis report identifies eight key countries in which #humanitarian deterioration may occur in the six months!
— GISF (formerly EISF) (@gisf_ngo) March 29, 2021
#Colombia #Venezuela #Lebanon #Myanmar #Nicaragua #Ukraine #Libya #WesternSahara https://t.co/q4SQNnZDQY
El organismo señala que “las crisis identificadas en este informe han sido seleccionadas porque existen ciertos eventos o factores (desencadenantes) que pueden surgir en los próximos seis meses”.
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Los cuales, “apuntan hacia un peligro que se materializa y conduce a un posible cambio o cambio en las situaciones actuales de los países monitoreados”, enfatizó el documento.
Durante los próximos seis meses, ACAPS ha identificado los siguientes ocho riesgos:
- Colombia
- Venezuela
- Lebanon
- Myanmar
- Nicaragua
- Ukraine
- Libya
- Western Sahara
El organismo puntualizó que la nueva legislación limita en gran medida las operaciones humanitarias por las siguientes razones:
RAZÓN FUNDAMENTAL
En septiembre de 2018, como resultado de las manifestaciones en curso contra el gobierno de Nicaragua, un comunicado emitido por la Policía Nacional prohibió las protestas contra el gobierno.
Dicha prohibición se mantiene vigente al 25 de marzo.
Desde septiembre de 2018, el gobierno ha emitido más leyes que restringen considerablemente el ejercicio de los derechos humanos y las formas de oposición y disidencia, lo que ha dado lugar a que el gobierno gane más control político.
En octubre de 2020, el parlamento nicaragüense aprobó la Ley de Agentes Extranjeros.
Esta legislación requiere que todas las personas y entidades (incluidas las organizaciones y agencias humanitarias) que reciben fondos o bienes de gobiernos o entidades extranjeras se registren con el gobierno e informen sobre las actividades mensualmente para operar en el país.
Si no se registran como agentes extranjeros y cumplen con los requisitos y procedimientos de la ley, podrían verse obligados a cerrar.
Como resultado de esta ley, a 5 de febrero de 2021 dos destacadas organizaciones que promueven los derechos humanos y la libertad de expresión y prensa habían anunciado el cierre de sus operaciones en rechazo a la legislación.
Al 9 de marzo de 2021, dos organizaciones humanitarias, que habían brindado ayuda material luego de los huracanes Eta e Iota, enfrentaban un posible cierre debido a las dificultades para registrarse como agentes extranjeros.
Esta ley plantea una importante limitación de acceso para las organizaciones y agencias nacionales e internacionales que reciben financiación extranjera o que tienen vínculos con países extranjeros.
Las organizaciones de derechos humanos ya se enfrentaban a restricciones y persecución por parte del gobierno.
Existe un riesgo moderado de que las organizaciones humanitarias que brindan ayuda material también vean obstaculizadas sus operaciones como resultado de las dificultades burocráticas impuestas por la Ley de Agentes Extranjeros.
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Esto probablemente conducirá a un empeoramiento de las condiciones humanitarias y a una capacidad de respuesta limitada o nula a las necesidades nuevas y existentes.
IMPACTO
En el caso de que las operaciones de las organizaciones humanitarias se vean obstaculizadas, se espera que las siguientes necesidades humanitarias vinculadas a la crisis sociopolítica y económica, así como a los desastres naturales, queden insatisfechas.
“Nicaragua, de hecho, se enfrenta a una crisis sociopolítica y económica que se ha agravado desde los acontecimientos políticos de 2018“, destacan en el informe.
También es uno de los países menos desarrollados de América Latina en términos de servicios básicos y es vulnerable a desastres naturales recurrentes, según el Banco Mundial. La inseguridad alimentaria y la malnutrición siguen siendo una preocupación clave a medida que la prevalencia de desnutrición crónica es del 17%; las tasas llegan al 30% en algunas regiones.
La inseguridad alimentaria está estrechamente relacionada con la pobreza y con los frecuentes desastres naturales.
Si las organizaciones humanitarias cierran temporal o permanentemente sus operaciones, las necesidades nuevas y existentes quedarán insatisfechas, lo que aumentará el número de personas necesitadas.
También es probable que aumenten los flujos migratorios, ya que las personas abandonan Nicaragua debido al empeoramiento de las condiciones socioeconómicas y la falta de acceso a servicios y ayuda.
“La falta de organizaciones de derechos humanos podría conducir a una represión más violenta y violaciones de los derechos humanos por parte de los actores estatales, así como a una mayor preocupación por la protección”, puntualizan.
ACAPS es un proveedor de información independiente, libre de prejuicios o intereses creados de una empresa, sector o región específicos. Los analistas de ACAPS realizan un seguimiento diario y un análisis independiente de más de 150 países, definiendo el riesgo como la probabilidad de que ocurra un peligro o peligros múltiples, combinada con el impacto estimado del peligro (s). El nivel de riesgo (bajo, medio o alto) que plantea un peligro aumenta a medida que aumenta la probabilidad de que ocurra o la gravedad del impacto esperado, o ambos. Una situación humanitaria en deterioro que continúa al mismo ritmo se considera una tendencia más que un riesgo; estos no están incluidos en el informe.
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