En conmemoración del día nacional del periodismo nicaragüense, el Instituto Internacional de Raza , Igualdad y Derechos Humanos destacó que el ejercicio periodístico en el país se ha visto seriamente impactado.
En el cual, mencionan que es por la crisis socio-política y de derechos humanos que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018.
“Este 1 de marzo se conmemora el Día Nacional del Periodista en Nicaragua; sin embargo, para la prensa independiente en el país y en el exilio, no hay nada que celebrar”, señaló.
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Además, el Instituto aprovechó esta ocasión para hacer un reconocimiento a los periodistas independientes de Nicaragua que, a pesar de no contar con las debidas garantías para ejercer se han mantenido firmes en su labor de informar.
Del mismo modo, informó que actualmente los periodistas independientes no cuentan con las garantías mínimas para ejercer su labor.
El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), también mencionó que conversó con tres periodistas que han sufrido violaciones a sus derechos humanos en los últimos tres años.
Aníbal Toruño
Según el organismo, el director y propietario de Radio Darío en la ciudad de León, Aníbal Toruño dijo que las condiciones para el ejercicio del periodismo independiente son muy difíciles.
Porque, día a día, este se ve acechado por la censura, las amenazas, la violencia y la criminalización de parte de la Policía, instituciones estatales y grupos paramilitares.
El asedio policial contra Toruño, su familia y el equipo periodístico de Radio Darío es constante. Desde abril de 2018, su emisora ha sido asediada en 125 ocasiones y en lo que va de 2021, su casa ha sido allanada tres veces de forma ilegal y violenta.
Kalúa Salazar
Por su parte, Kalúa Salazar, jefa de prensa de radio La Costeñísima en la ciudad de Bluefields, considera que en el país no existen condiciones mínimas para ejercer el periodismo independiente.
En agosto de 2020, tres trabajadores de la Alcaldía de la ciudad de El Rama, interpusieron una demanda por calumnias en contra de Salazar, por la publicación de la nota “Se destapa corrupción en la Alcaldía del Municipio El Rama”, que exponía mal manejo de fondos públicos en dicha comuna.
Esta situación, aseguró, impacta en su vida profesional por las limitantes en el acceso a información y la represión en el ejercicio del periodismo, pero dice que principalmente ha afectado su vida personal.
El próximo 9 de marzo, Salazar tiene programado un juicio de apelación, pues recurrió contra el fallo de culpabilidad que le impusieron a finales de septiembre de 2020.
Pese a encontrarse en una situación tan hostil, Salazar desea continuar haciendo periodismo en su ciudad Bluefields y la región Caribe Sur de Nicaragua.
Lucía Pineda
Mientras que la directora del canal 100% Noticias, Lucía Pineda, fue víctima de una de las medidas más extremas del Gobierno en contra de la prensa independiente.
Fue detenida en diciembre 2018 y acusada por delitos de “provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas”.
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Pineda estuvo en prisión hasta el 11 de junio de 2019, día en que fue liberada bajo la Ley de Amnistía aprobada por el Gobierno días antes.
Salió de prisión junto a un grupo de 55 personas que se encontraban privadas de libertad por su participación en las manifestaciones ciudadanas de 2018, entre ellos el propietario de 100% Noticias, Miguel Mora.
Tras su liberación decidió trasladarse el país vecino Costa Rica, como una medida de seguridad y porque cuenta con la ciudadanía costarricense.
Desde ahí, dirige 100% Noticias, canal que actualmente transmite exclusivamente a través de Internet, ya que sus instalaciones fueron ocupadas ilegalmente en diciembre de 2018 y la semana pasada fueron convertidas en un centro de rehabilitación del Ministerio de Salud.
Llamado
El Instituto Raza e Igualdad hace un llamado al Gobierno a respetar la libertad de prensa, brindando condiciones para que las y los periodistas desarrollen su trabajo sin enfrentar asedio, persecución y amenazas.
De igual manera, pide derogar las leyes aprobadas recientemente, como la Ley de Ciberdelitos y la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, las cuales restringen la libertad de expresión.
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