Tras el informe publicado por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), la ONG Human Rights Watch (HRW) destacó que es “imperativo que haya justicia en Venezuela“.
El nuevo informe emitido por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, indica que está avanzando en su examen sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
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“Destaca que contribuye a la búsqueda de justicia de las víctimas de atrocidades cometidas durante el gobierno de Nicolás Maduro“, enfatizó Human Rights Watch.
Del mismo modo, la organización informó que el 14 de diciembre de 2020, la Fiscalía de la CPI publicó su informe anual sobre las situaciones que está examinando para determinar si se amerita una investigación exhaustiva de la CPI.
“La Fiscalía concluyó que hay fundamentos razonables para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela“, mencionó HRW.
Según el comunicado del organismo, la fiscal determinó que existe "un fundamento razonable para creer que, al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física", "tortura", "violación y/u otras formas de violencia sexual", y "persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos".
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, subrayó que “en Venezuela no ha habido justicia para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales“.
“Detenciones arbitrarias y torturas cometidas por agentes de las fuerzas de seguridad con el conocimiento o la aquiescencia de las más altas autoridades políticas, militares y judiciales”, agregó.
Del mismo modo, expresó que “la Fiscalía debe estar alerta ante los esfuerzos del régimen por atosigarlos con información sobre supuestas investigaciones que no buscan más que dilatar la decisión de la fiscalía“.
HRW enfatizó que, en el informe anual indica que existe información que implica a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), a la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) y a ciertas unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Además, sostiene que existe información disponible que indica que partidarios del gobierno participaron en la represión de opositores o individuos percibidos como tales, con la participación o aquiescencia de las fuerzas de seguridad.
Human Rights Watch también documentó casos de desapariciones forzadas que duraron varios días o semanas.
La Fiscalía anticipa concluir el examen preliminar para determinar si existe fundamento razonable para proceder a una investigación durante la primera mitad del 2021.
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