Estados Unidos denunció persecución religiosa en Nicaragua contra clérigos y feligreses católicos por parte del régimen de Daniel Ortega.
El Departamento de Estado divulgó el Reporte de Libertad Religiosa Internacional, en el se enumera una serie de ataques por parte de grupos de gobierno y activistas del partido gobernante asociados con el presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Entre ellos menciona la agresión física sufrida por el sacerdote Edwin Román en Masaya, por parte del subdirector de policía Ramón Avellán, luego de que el sacerdote le pidiera a los partidarios del gobierno que bajaran el volumen a la música de propaganda del partido gobernante que se escuchaba fuera de la iglesia durante un funeral.
Los observadores dijeron que el obispo Silvio Báez era un objetivo frecuente de hostigamiento del gobierno porque condenó sus abusos contra los derechos humanos. El informe cita muchos incidentes de vandalismo y la profanación de artículos sagrados en las iglesias católicas de todo el país.
El informe cita también el ataque policial del 13 de julio, la policía contra la Iglesia de la Divina Misericordia en Managua, durante 15 horas, en el que la Policía usó municiones de alto calibre contra el templo que había brindado refugio a aproximadamente 200 estudiantes atrapados en el sitio y asistencia médica a los estudiantes lesionados que habían protestado en un lugar cercano. campus universitario publico. Los medios informaron que los grupos armados informales, también conocidos como “parapolicías”, se aliaron con el FSLN y trabajaron en coordinación con la policía, mataron a dos estudiantes e hirieron al menos a otros 10 en el ataque.
El reporte dice que la Iglesia católica se pronunció contra la violencia a través de homilías del clero y cartas pastorales, pidiendo el respeto de los derechos humanos, la investigación y el enjuiciamiento de los delitos, la reparación de las víctimas, el fin del uso excesivo de la fuerza policial y el desarme de la policía. Al final del año, el gobierno no había investigado las muertes, sino que había procesado a los estudiantes por el incidente y había acusado verbalmente a la Iglesia Católica de una “mente terrorista y criminal”.
El informe también cita que los líderes católicos informaron ataques contra el clero, provocados por lo que dijeron que era la estigmatización y la calumnia del gobierno, que según dijeron había llevado a una reducción en los viajes eclesiásticos en aproximadamente el 90 por ciento.
Los líderes informaron que tres sacerdotes tuvieron que exiliarse debido a las amenazas de los partidarios del gobierno; amenazas de muerte y asaltos por parte de simpatizantes del gobierno y activistas del FSLN contra la Iglesia Católica que desplazó a otros dos. Según fuentes de los medios de comunicación, algunos funcionarios del gobierno obligaron a los trabajadores a firmar peticiones para denunciar el liderazgo de la Iglesia Católica.
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