Daniel Ortega asestó una estocada casi mortal a la oposición de Nicaragua organizada en la sociedad civil. Con más 70 votos a favor, la aplanadora Orteguista aprobó la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, que anula la participación opositora en cargos públicos.
Durante la discusión de la sesión, los diputados de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) Maximino Rodríguez, y Jimmy Blandón, intentaron explicar que esta ley no responde a los ordenamientos plasmados en la Constitución Política de Nicaragua.
“Una ley ordinaria no puede superar el ordenamiento jurídico constitucional, y en consecuencia no tendría la validez para que pueda ser aplicada. Ya el artículo 134 de la Constitución Política establece los requisitos para poder optar a los cargos de diputados” dijo Blandón
Por su parte, el diputado de la bancada sandinista Edwin Castro, respondió a Blandón defendiendo la ‘constitucionalidad’ de la Ley, diciendo que “está totalmente acorde al sistema jurídico nacional.”
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Una ley guillotina
En declaraciones anteriores a Radio Corporación, José Dávila, integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, dijo que esta es una ‘ley guillotina’ para la oposición.
“Esta es la prohibición a los líderes políticos, sociales; a los líderes opositores, de poder aspirar a un cargo y participar en las elecciones. Esto es una ley guillotina” dijo Dávila.
Asimismo mencionó que esta normativa es conforma la demolición del Estado de Derecho y la constitución política.
La normativa deja exento de participar en cualquier elección a cargos públicos a todo aquel que “aplauda sanciones contra el estado de Nicaragua” y precisamente hoy, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a otros tres funcionarios sandinistas: el Comisionado Fidel Domínguez, al vice presidente de la Corte Suprema de Justicia Marvin Aguilar, y al diputado Wálmaro Gutiérrez.
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