Expertos en la defensa de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dirigieron una comunicación al gobierno de Nicaragua, presidido por Daniel Ortega, en la cual incluyen su reacción sobre la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos, aprobadas recientemente.
Los relatores explican a Ortega sus obligaciones con el derecho internacional, establecidos también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) que integra Nicaragua desde 1980, y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que Nicaragua ratifica desde 1979.
“Para ser compatibles con el Pacto y la Convención, las restricciones a la libertad de expresión y de asociación deben cumplir los requisitos establecidos en el artículo 19.3 y en el artículo 22 del Pacto, así como en el artículo 13.2 y 16 de la Convención, respectivamente. En ninguna circunstancia las restricciones pueden ser tan onerosas que pongan en peligro el derecho en sí.” expresaron.
Los expertos además hacen un llamado al poder judicial y sus principales representantes. Les recuerdan la indendencia de los poderes, y que deben garantizar el cumplimiento de las leyes que garanticen los derechos humanos.
“Cualquier medida de este tipo debe ser en sí misma compatible con
el derecho internacional en general y con el derecho de los derechos humanos en particular. A este respecto, reiteramos que el poder legislativo tiene la responsabilidad independiente de velar por la conformidad de las leyes aprobadas con el Pacto y la Convención Americana” señala.
Un espacio público para discusión
En el documento divulgado por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidadas para los Derechos Humanos, los expertos sugieren a Ortega crear un espacio público para el debate de estas leyes, con miembros de la sociedad civil y actores o expertos en materia.
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“Para ello, es deseable convocar a todas las partes interesadas y desarrollar procesos abiertos en los que participen las autoridades públicas, empresas privadas, académicos e investigadores, partidos políticos y órganos electorales, así como organizaciones de la sociedad civil, defensores y defensoras de los derechos humanos, agencias de verificación de información, medios de comunicación y periodistas. La Relatoría Especial de la CIDH ha resaltado que ello no sólo es una buena práctica genérica en relación con los procesos de desarrollo de políticas públicas, sino que es especialmente necesario en este caso” explican.
Del mismo modo, ambos organismos se ponen a disposición de brindar asistencia técnica al respecto, en caso de que el gobierno de Nicaragua lo considere y solicite.
Cuantas veces más la ONU y el CIDH se van a dirigir, a enviarle comunicados, a hacerle saber al gobierno de Nicaragua, presidido por Daniel Ortega, las regulaciones a seguir, a tomar en cuenta. Hasta cuando se le va a poner un alto a todo este problema. Ya todos ustedes saben que a él NO LE IMPORTA, basta ya!!! Actúen!!!