Orteguismo quiere reformas electorales sin la UNAB y la AC

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La dictadura orteguista anunció reformas electorales este 2020 que pretende pactar con los partidos políticos colaboracionistas con el régimen, excluyendo a los sectores opositores agrupados en la Alianza Cívica (AC) y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).

Directivos de la AC y la UNAB advirtieron a los partidos políticos con personería jurídica que no acepten sentarse con la dictadura en una negociación que deje fuera a los sectores que lideran la resistencia ciudadana desde abril del 2018.

Gustavo Porras, diputado orteguista presidente de la Asamblea Nacional, oficializó que este año se discutirá la reforma a la Ley Electoral (331), como parte de las modificaciones “profundas” al sistema político, económico, ambiental y laboral del Estado de Nicaragua.

La reforma a la Ley 331 será para “fortalecer el voto popular, el sistema de partidos políticos, la organización electoral y el sistema técnico-electoral dirigido por el Consejo Supremo Electoral (CSE). Esa es parte de nuestra agenda este año”, afirmó Porras.

Lo planteado por Porras no incluye prohibir la reelección presidencial y de la candidatura del cónyuge del presidente que participe como candidato a la presidencia o vicepresidencia. Tampoco se incluye cambiar a todos los magistrados y la estructura del CSE, que sí son temas demandados por la ciudadanía. Esos temas son parte de la propuesta consensuada por la Alianza Cívica y la UNAB.

Wilfredo Navarro, segundo diputado orteguista de la junta directiva, dijo que el régimen tiene avanzada la propuesta de reforma electoral con la Organización de Estados Americanos (OEA), pero que abrirán la consulta solo con los partidos políticos, por lo que dejarán fuera a la oposición agrupada en la Alianza Cívica y la UNAB.

Excluir a la Alianza de la negociación, según José Pallais, es porque se demostró en los dos anteriores diálogos que “no se presta a los pactos, arreglos y enmiendas que no resuelven la profundidad de la enorme falta de credibilidad que tiene el Consejo Supremo Electoral”.

Tomado de La Prensa

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