Un reportaje investigativo realizado por el portal La Lupa reveló la cantidad de años que llevan los diputados en la Asamblea Nacional en Nicaragua, quienes gozan de grandes privilegios mientras ‘apretan un botón’. Tienen años en sus puestos, han sido suplentes, han repetido periodos, se ausentan de las sesiones, ostentan otros cargos públicos, y más del 50 por ciento tiene la edad suficiente para estar realizando su tramite de jubilación.
Por su ejemplo en la “permanente lucha por la democracia y la libertad en Nicaragua”, el ocho de marzo de 2014, Gladys de los Ángeles Báez, fue condecorada, en la Asamblea Nacional, con la Medalla de la Mujer Herrera Arellano Toledo, distinción que por ley honra, desde 1996, “a aquellas mujeres nicaragüenses que se hubiesen destacado por su actuación al servicio de la Patria”.
Báez una de las figuras legendarias del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), fue electa diputada en el periodo 1985-1990. En 1991-1996 repitió, y desde 2002 no ha soltado el puesto de diputación, al igual que Edwin Castro Rivera, Wálmaro Gutiérrez Mercado y Wilfredo Navarro Moreira que en 2021 cumplirán 32 y 25 años, respectivamente.
Pero no son los únicos. En una exhaustiva revisión en La Gaceta Diario Oficial y la página web de la Asamblea Nacional sobre las diputaciones electas en los últimos 40 años, La Lupa constató que 48 de los 91 diputados han permanecido en el cargo entre ocho y 28 años, es decir tienen más de un período.
“Todos los que se llevaban mal con la Chayo y que no se subordinaban a la Chayo, los sacaron, fue por eso, no porque quisieran renovar, ni nada. Es porque las pugnas de poder dentro del parlamento son espantosísimas. Eso mismo llevó a Gustavo Porras, al que nadie quiere ni sus propios compañeros de bancada, pero qué te dice, que hay diputados que tienen más de 20 años, te habla de un partido que ya envejeció”, analiza la socióloga María Teresa Blandón.
La marca del pacto Alemán – Ortega
Analistas políticos marcan el génesis de la desnaturalización de la Asamblea Nacional, en enero del 2000 cuando se reformó el Artículo 145 de la Ley Electoral de 1995 permitiendo declarar electo Presidente y Vicepresidente de la República a los candidatos que lograran alcanzar al menos 40% de los votos válidos, o bien, que obtuvieran un mínimo del 35% y superaran a los candidatos del segundo lugar por una diferencia mínima de cinco puntos porcentuales.
Sin embargo, de esa aplanadora bipartidista, resultado del pacto Alemán-Ortega, que aprobó con 75 votos el proyecto de reforma que retornó a Ortega al poder, solo quedan tres diputados. Mientras, un total de 43 diputados ocupan el puesto desde 2017, cuando se consolidó la llamada ‘farsa electoral’.
La transformación al sandinismo de Wilfredo Navarro; el renacimiento de Alfredo César Aguirre, Maximino Rodríguez y Brooklyn Rivera; el desentierro político de Byron Jeréz; la diputación regalada de María Fernanda Flores ha sido señaladas como la consolidación de una Asamblea Nacional transformada en “una instancia de mero trámite formal, encargada de dar forma de ley a los deseos de la pareja gobernante”.
“Esto es producto de los sucesivos fraudes, en particular de las elecciones de 2016 en las que se impidió la participación de la oposición democrática al habérsele arrebatado al PLI la representación legal y de esa manera haber descabezado a la alianza opositora. El otro factor tiene que ver con la descomposición y desintegración del FSLN como partido, al haberse convertido en un órgano propiedad de Ortega y esta última etapa en una organización criminal mercenaria”, explica el analista Julio Icaza.
Entre los miembros de la Asamblea Nacional no solo figuran exreos procesados por actos de corrupción contra el erario público como Byron Jeréz sino también algunos que han sido señalados de tráfico de tierras, estafas, fraudes y recientemente, hasta un presidente sancionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos por corrupción y violación a los derechos humanos, no obstante, ninguna ha sido causal para ser removido de su cargo.
Obediencia al régimen Ortega-Murillo
La Lupa también realizó una exhaustiva búsqueda en La Gaceta y la página web de la Asamblea Nacional para identificar el trabajo de los parlamentarios en los recientes 12 años, encontrando que entre 2007 – 2018 la actividad se vio reducida a la aprobación de 355 leyes de las cuales 132 consistieron en reformas.
La revisión indica que, entre los años 2007 – 2012 un promedio de 20 – 25 leyes nuevas se aprobaron, sin embargo, en los años consecutivos, el trabajo del poder legislativo se centró en la modificación, en uno o dos artículos, de leyes existentes, pero también a tramitar con carácter de urgencia aquellas enviadas por el Ejecutivo.
Dinámica que se ha mantenido, e intensificado, después de los hechos registrados en abril del 2018 dando lugar a la aprobación de leyes de interés del Ejecutivo como: la Ley de Amnistía y la Ley para una cultura de diálogo, reconciliación, seguridad, trabajo y paz; aprobadas con 70 votos de la aplanadora sandinista, así como la reciente aprobación de la Orden Carlos Fonseca Amador.
“Dada la ausencia de una verdadera oposición y la existencia de una mayoría fraudulenta de más de dos tercios, totalmente obediente a la pareja dictatorial, la Asamblea ha dejado de ser un órgano de deliberación encargado de aprobar leyes en interés de la nación, para convertirse en una instancia de mero trámite formal, encargada de dar forma de ley a los deseos de la pareja gobernante”, dice el analista Julio Icaza.
Nuestra investigación también revela que el trabajo de los diputados se ha centrado en la creación de órdenes, medallas, nombrar héroes y próceres, hacer declaraciones de patrimonios culturales, así como formalizar Días de la Amistad con China, Japón, Corea, Rusia o celebraciones para el día del abogado, abuelo, locutor, artesano, mineros, entre otros. Pero también en la legalización de asociaciones y fundaciones religiosas hasta alcanzar 1099 en su mayoría evangélica.
En 2018, la Asamblea Nacional aprobó 15 leyes, de las cuales seis fueron reformas, con un presupuesto de 678,643,125.10, es decir que cada ley le costó a la ciudadanía, según el cambio oficial, 1.3 millones de dólares, ubicándonos en segundo lugar de los países de Centroamérica con mayor costo por leyes, después de Guatemala, según Hagamos Democracia.
“El trabajo de la Asamblea, una vez más debo insistir, en que el problema no es numérico sino de calidad. Si el resultado de esa inversión se tradujera en leyes de calidad, que signifiquen respuestas efectivas a los problemas de la población, el costo económico queda en segundo plano. Igualmente debemos tomar en consideración que no basta contar con buenas leyes para superar los problemas. Muchas leyes se quedan como decimos en papel mojado, porque no encuentran en las autoridades ejecutivas y el sistema político en su conjunto la voluntad y determinación de aplicarlas”, considera Icaza.
Un poder inamovible
Entre los datos que La Lupa recabó en la página web de la Asamblea Nacional y el Padrón Electoral, también encontramos que 55 de los 91 diputados son adultos mayores, entre los 60 y 80 años, con posibilidades de comenzar a tramitar su jubilación.
“No creen en la capacidad de los jóvenes a los que viven subiendo a las tarimas. Creen que solo son buenos para la foto o para ir a garrotear gente a las marchas azul y blanco, pero no los creen capaces para legislar, para modernizar al Estado nicaragüense, para eso no, entonces para eso necesitan viejos y viejas que muchos de ellos tienen historiales de corrupción y que lo único que han aprendido es a ser absolutamente disciplinados a los mandatos de la pareja Ortega-Murillo”, explica la socióloga Blandón.
El dictador Daniel Ortega Saavedra cuando regresó al poder, en 2007, había rebasado la edad de jubilación, al igual que Violeta Barrios de Chamorro, y Enrique Bolaños. En la historia reciente, el único que no alcanzaba los 60 años cuando llegó a la presidencia fue Arnoldo Alemán, quien tenía 51 años.
Datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), hasta 2018 el 63.74 por ciento de la población lo representaban las personas entre 15-64 años mientras la ciudadanía de 65 años a más, equivalía al 5.23 por ciento. Sin embargo, aunque la población joven representa un porcentaje amplio entre los 6.465.513 millones de habitantes, en Nicaragua históricamente los cargos públicos los han ostentado las personas de la tercera edad.
“Yo voy a estar mientras decida la gente que acaso va a ser la decisión de alguien que porque quiere ocupar mi lugar se lo voy a dar. Si la población quiere que me vaya me voy. La curva de aprendizaje es buena porque llega alguien que no conoce el manejo parlamentario tiene que haber alguien que lo guíe que lo oriente”, dice el diputado Wilfredo Navarro cuando se le cuestiona sobre su antigüedad.
Gladys de los Ángeles Báez, de 77 años, además de ser la diputada con más antigüedad en el puesto, es la segunda de mayor edad. Antes se encuentra la promotora cultural María Manuela Sacasa Selva, de 80 años, electa en 2017. Y en un tercer puesto, de los menores de 75 años, se ubica Odell Ángel Incer Barquero, con 76 años de edad de los cuales 13 ha sido diputado.
“El tema de la renovación o el cambio es prácticamente inexistente. Es como una política que hay. La razón de la permanencia de esta persona es porque nombrar a otro podría significar un cambio en esa relación de subordinación que estas personas aseguran, entonces se construyen relaciones clientelistas y directas. Hay otros casos de la Policía y el Ejército, de otras instituciones, donde se mantienen en su puesto a personas que ya tienen mucha edad, pero que aportan muy poco al desarrollo institucional”, expone la investigadora Elvira Cuadra.
Los privilegios de un diputado
Para el joven activista Yaser Morazán este no es una cualidad propia del sandinismo sino “el reflejo de la cultura adultista que utiliza a los jóvenes como recursos electorales y propagandísticos, pero que los invisibiliza como seres pensantes y con capacidad de proponer… este es un ejemplo tangible y una contradicción política de las formas arcaicas de gobernar un país mayoritariamente joven”, expresa.
identificar el trabajo de los parlamentarios en los recientes 12 años, encontrando que entre 2007 – 2018 la actividad se vio reducida a la aprobación de 355 leyes de las cuales 132 consistieron en reformas.
De los 91 escaños solo 36 lo ocupan diputados menores de 60 años. Aunque menores de 40 años solo hay dos. La más joven es Jenny Azucena Martínez Gómez, de 35 años, hija del expresidente de Caruna, Jorge Martínez, y quien acumula 13 años en el puesto. No tiene un amplio currículo más allá de haber formado parte de la Juventud Sandinista de Masaya.
Sin embargo, eso no le ha impedido convertirse en diputada, y gozar de los privilegios de este sector comenzando por devengar un salario $3, 265 dólares equivalente 18.83 salarios mínimos de una empleada doméstica que con el cambio actual devenga 173.32 dólares mensuales.
Pero, además reciben 720 litros mensuales de combustible; dos seguros de salud por un monto desconocido; 20% de reembolso de gastos cuando van a un hospital privado; tienen acceso a comprar dos vehículos libres de impuestos; 20 mil córdobas para becas universitarias que manejan a discreción, y presuntamente hasta 2018 un fondo social de 466 mil córdobas.
“El ejercicio de estos cargos te da una cantidad de privilegios, que lo hace creer a uno, como que, si el mundo gira alrededor de uno, cuando termina el cargo se da cuenta que la realidad es que somos simples mortales, que regresamos a la calle, y que la calle está dura”, dice Agustín Jarquín Anaya apresado en tres seis ocasiones durante los ochenta, fórmula presidencial en el 2001 al lado de Daniel Ortega, diputado durante dos períodos hasta ser expulsado, en 2013, cuando mostró un atisbo de disidencia al gobernante FSLN.
Tomado de La Lupa
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