El régimen venezolano no ha evidenciado ninguna voluntad de atender la petición de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU de disolver la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional o de acometer otras acciones para prevenir ejecuciones extrajudiciales, según denunció este lunes Michelle Bachelet ante la ONU.
La alta comisionada presentó una “actualización oral” sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, ante la 42ª sesión del Consejo de Derechos Humanos. Allí, señaló que su organismo “ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las FAES en algunas zonas del país”.
A este respecto, hizo referencia a información recibida de la ONG Monitor de Víctimas que identifica 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas solo en julio en Caracas.
“Estos casos documentados revelan el mismo patrón identificado en mi informe de julio y demuestran la falta de mecanismos de protección efectiva para los testigos y familiares de las víctimas”, denunció Bachelet.
La Oficina de la alta comisionada en Ginebra ha recibido del Ministerio Público de Venezuela información general que indica que, entre agosto de 2017 y mayo de 2019, 104 miembros de las fuerzas de seguridad fueron condenados por violaciones de derechos humanos. Sin embargo, todavía aguarda los detalles sobre los tipos de violación, a qué institución pertenecían los responsables y el perfil de las víctimas.
“Mi Oficina documentó casos de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, de personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular de militares”, indicó.
Puntualmente, también recordó el caso del capitán Rafael Acosta Arévalo, quien fue detenido mientras ella visitaba el país y murió pocos días después bajo custodia, con signos de tortura. “Aliento a las autoridades a que investiguen las denuncias de tortura, castiguen a los responsables, reparen a las víctimas y adopten medidas para evitar su repetición”, expresó.
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