Amnistía Internacional pide a Corte Penal investigar crímenes de lesa en Venezuela

Amnistía Internacional
Foto/ archivo

Las prácticas de represión contra la población civil ejecutadas por el gobierno de Nicolás Maduro podrían constituir crímenes de lesa humanidad, alertó este martes Amnistía Internacional en un informe en el que pide a la Corte Penal Internacional ampliar sus investigaciones sobre el país.

Ejecuciones extrajudiciales, muertes por uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y masivas son algunas de las prácticas reportadas por Amnistía Internacional en su informe Hambre de justicia: crímenes de lesa humanidad en Venezuela, presentado en Ciudad de México.

«Esos procedimientos configurarían crímenes de lesa humanidad por formar parte de una estrategia de ataque sistemático y generalizado, en contra de personas consideradas disidentes, ejecutada por agentes estatales o terceros que contaron, como mínimo, con la aquiescencia o consentimiento de funcionarios», dijo la organización con sede en Londres.

El informe destaca las manifestaciones que ocurrieron del 21 al 25 de enero de 2019. Solo en esos días, alrededor de 47 personas murieron en 12 de los 23 estados del país en el contexto de las protestas, todas por heridas de bala. Y por lo menos 39 de estas personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad o de terceros que actuaron con su consentimiento durante las manifestaciones, informó la organización de defensa de los derechos humanos.

En medio de las protestas de esos días, añadió Amnistía Internacional, «más de 900 personas fueron detenidas arbitrariamente en todos los estados del país, incluidos niños y adolescentes».

Algunos de ellos «fueron torturados previamente a su muerte», añade al señalar que «el cuerpo policial que llevó a cabo estas ejecuciones fue la Policía Nacional Bolivariana, fundamentalmente a través de su Fuerza de Acciones Especiales». En el informe, recomienda a la CPI ampliar el examen preliminar que lleva a cabo desde 2018 e incorporar el pico de represión de enero con el fin de «determinar la responsabilidad penal internacional de las autoridades al más alto nivel».

EFE

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