El régimen de Daniel Ortega tiene hasta el mes de junio para mostrar voluntad de negociación y resolver la crisis en Nicaragua. Esto le ayudaría al orteguismo detener la aplicación de la Nica Act, promovida por la excongresista Ileana Ros Lethinen.
Desde la Alianza Cívica se tiene claro que “todavía no hay ninguna sanción que se esté aplicando en términos generales” al país. Lo que sí existe son sanciones individuales a funcionarios acusados por corrupción y violación a los derechos humanos.
“El 20 de junio se aplican los 180 días para que la Nica Act sancione a funcionarios corruptos,: los 90 días (para la liberación de los presos políticos) se escogieron precisamente por eso porque sabían que coincidían en ambos temas, de tal manera que van a pasar cosas interesantes”, explicó Juan Sebastián Chamorro.
Carlos Tunnermann indicó que por lo descrito anteriormente es que ellos están a favor de “acelerar las discusiones en la mesa de negociación para que más rápidamente procedamos a encontrar un acuerdo, pero hemos encontrado un tranque del gobierno”.
“Si (el gobierno) está interesado en que no se aplique la sanción general que está prevista en la Nica Act debería aceptar la propuesta nuestra de que aceleremos el proceso de discusión en la mesa de negociación”, sostuvo Tunnerman.
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