Una vez más quedó en evidencia la falta de imparcialidad y profesionalismo del Ministerio Público al fabricar un arremedo de acusación contra el periodista autoconvocado Marlon Powell de Masaya y cuatro personas más, misma que no reúne los requisitos de ley para ser admitida, según lo expresó la defensa pública asignada, el día de la audiencia preliminar celebrada en privado el 1 de mayo.
Powell dirigía el programa radial “El dedo en la llaga” un programa crítico al régimen de Daniel Ortega y y estuvo preso ilegalmente 53 días antes de la acusación.
Este comunicador se convirtió en el tercer periodista procesado por su participación en las protestas sociales y su posición crítica frente al orteguismo, después de los periodistas Lucía Pineda y Miguel Mora, del canal 100 % Noticias, quienes están a la espera de juicio y llevan 137 días de prisión ilegal, por supuesta provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas, en concordancia con apología e inducción al terrorismo.
Según la acusación de la Fiscalía orteguista, el periodista junto a los acusados Humberto Pérez Cabrera y Felipe Vásquez Hondoy cometieron los delitos de terrorismo, incendio, robo agravado y entorpecimiento de servicios públicos en perjuicio del Ministerio Público y la Procuraduría General de la República (PGR) al construir tres tranques el pasado 20 de abril de 2018, durante los meses más duros de la represión estatal.
Sin embargo, la misma acusación dice que estos tranques se montaron “junto a un aproximado de 200 personas aún no identificadas, algunos encapuchados”.
Uno de los tranques supuestamente estaba ubicado en la tercera entrada del barrio Pancasan, el segundo tranque estaba ubicado en la entrada del reparto Gonzalo Martínez y el tercero en la primera etapa del barrio Camilo Ortega, todos ubicados en Masaya.
Luego, relatan que el comunicador ordenó el 10 de mayo de 2018, introducirse a la fuerza en los edificios donde funciona la PGR y la Fiscalía, entre las 4 y 5 de la mañana, y los sujetos más de 200 quebraron las puertas del Ministerio Público.
Mientras el 14 de mayo y el 28 de mayo supuestamente saquearon las oficinas de la PGR y el Ministerio Público llevándose computadoras, escritorio, comedor y muchos objetos más y finalmente las quemaron.
“…esta acusación no reúne los requisitos de ley (artículo 77 CPP clara, precisa y circunstanciada) para comenzar tengo presente a tres personas, pero se hace mención de más de 200 personas, no se individualiza la participación de cada uno de mis representados, se dice que se sustrajo objetos de la PGR, pero no dice qué sustrajo cada uno de ellos”, refutó la defensora pública.
La abogada continuó alegando, que lógicamente sus representados “ nunca pudieron llevarse tantas cosas, hubieran utilizado un camión. No hay especificidad se menciona una arma de fuego y no dice la marca, la serie, el modelo, no podemos determinar que verdaderamente existió, por lo que pidió el rechazo de la acusación.
Sin embargo, la juez orteguista Karen Chavarría, titular del Juzgado Noveno Distrito Penal de Audiencia de Managua, no tuteló las garantías constitucionales de los procesados y les abrió proceso penal el pasado 1 de mayo.
Marlon Powell fue capturado el 7 de marzo en una casa de seguridad en San Judas, Managua, y fue acusado después de pasar 53 días bajo prisión ilegal en el Chipote, donde estuvo aislado y sin recibir alimentos y ropa, denunció en su momento la CPDH.
Este fin de semana familiares y abogada denunció que Powell está recluido en celdas de castigo en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, porque supuestamente se opuso a firmar el acta de audiencia y porque se opuso a ser defendido por defensoría pública.
La defensa pública asignada a los autoconvocados Marlon Powell, Humberto Pérez Cabrera y Felipe Vásquez Hondoy alegó a la juez orteguista Karen Chavarría que la admisión de la acusación contra sus representados sería una violación al principio de responsabilidad personal, porque cada persona responde por sus actos y no por el de otras personas y en la acusación de habla de más de 200 personas.
Además, alegó la detención ilegal de todos, e incluso detalló que los dos últimos tenían más de cuatro meses de estar detenidos sin ser puesto a la orden judicial.
Tomado de La Prensa
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