Epsy Campbell anunció esta tarde que renunció al cargo de canciller y que continuará como vicepresidenta de la República en la administración de Carlos Alvarado en un área por definir, en la que estará encargada de darle seguimiento a ciertos temas.
Lo informó en el plenario de la Asamblea Legislativa luego de exponer su posición en torno a los nombramientos cuestionados en Cancillería. Esta mañana comuniqué la decisión de renunciar”, dijo Campbell, quien argumentó que quien quiera el “bien del país” debe entender que primero está la gobernabilidad.
“Debemos volver a los temas reales, a los debates de fondo”, argumentó la exministra ante los diputados.
En cuanto a los nombramientos cuestionados, argumentó: “Debo rechazar tajantemente que yo impusiera criterio o costumbre contra legeum”.
Se trata de las designaciones de Adriana Murillo Ruin y Carolina Fernández Álvarez para los puestos de directora y directora alterna de Política Exterior, a pesar de que incumplían con el requisito de tener el rango de embajadoras.
Estas designaciones las firmó junto con el presidente Carlos Alvarado mediante acuerdos ejecutivos en los que se argumenta que las direcciones de la Cancillería son cargos de confianza, contrario a lo que concluyó la Procuraduría General de la República, según la cual estos puestos solo los pueden ocupar diplomáticos de carrera con el rango de embajador de acuerdo con el Estatuto del Servicio Exterior.
Ante los diputados, Campbell dijo que trasladó “las propuestas de nombramiento” de Murillo y Álvarez al departamento de Recursos Humanos de la Cancillería y que este validó el cumplimiento de requisitos técnicos y legales de ellas.
Añadió que el mismo filtro aplicó la dirección Jurídica de su ministerio y el departamento de Leyes y Decretos de Casa Presidencial, además de la asesoría Legal de Zapote.
“En ninguna de las etapas emití criterio jurídico ni técnico. Estos nombramientos no podrían realizarse sin criterio técnico de la Asesoría Legal de Casa Presidencial”, enfatizó.
Añadió que el origen de estos nombramientos data desde antes del traspaso de poderes: “Muy claramente la Asesoría Jurídica le dio el marco jurídico al presidente electo sobre cuáles eran los puestos de confianza, don Carlos ha actuado con base en los criterios jurídicos”.
Fuente: Nación
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