Gobierno de Ortega sigue huyendo a la democratización del país

Diálogo Nacional

El régimen de Daniel Ortega continúa trancando el diálogo nacional al que ellos mismos convocaron hace varias semanas.

Este jueves el canciller de Nicaragua, Denis Moncada insistió en el levantamiento de los tranques en el país como una medida para evadir los temas democráticos e institucionales.

“El gobierno reitera que es indispensable resolver y acordar sobre los tres puntos que urgen al pueblo nicaragüense: eliminar todos los tranque, no a la violencia en todas sus forma y asegurar el Derecho al trabajo”, refiere el comunicado oficial.

Comprometidos con la democracia

El régimen orteguista asegura estar “comprometidos con el fortalecimiento de las instituciones y de la democracia en Nicaragua, en el marco Constitucional”.

Sin embargo en los últimos años el funcionamiento de los poderes del Estado y los temas democráticos han sido manoseados según los criterios del caudillo sandinista.

Por otro lado Daniel Ortega dicen que “están comprometidos con la investigación y aseguramiento de la justicia, alrededor de los hechos de violencia que se han desarrollado en Nicaragua, desde el 18 de Abril”.

No obstante las investigaciones del Ministerio Público han sido fuertemente cuestionadas por intentar evadir responsabilidades de parte de las fuerzas represoras de la Policía Nacional.

Previo al diálogo

El pasado 14 de mayo, durante el anuncio del inicio del diálogo los obispos en su calidad de mediadores y testigos emitieron un pronunciamiento sobre el objetivo del evento.

“Esperamos que el diálogo aborde estructuralmente el tema de la institucionalidad del país con el objetivo de ir allanando el camino hacia su democratización”, leyó el Cardenal Leopoldo Brenes durante esa comparecencia.

Una vez instalada la mesa de conversación ha quedado en evidencia que el gobierno ha rehusado abordar esta temática.

La postura de la Alianza Cívica ha sido abordar temas como adelanto de elecciones, reducción de período de autoridades nacionales y funcionarios públicos entre otros.

De hecho la representación del gobierno en la última sesión acusó a los obispos y demás sectores de imponer una agenda que tiene como propósito un supuesto “golpe de Estado”.

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