El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves firmó este martes dos decretos en los que establecen una serie de restricciones para los solicitantes de refugio que busca frenar el ingreso de migrantes económicos, la mayoría procedentes de Nicaragua.
El primer decreto firmado modifica el Reglamento de Refugio sobre el otorgamiento de permisos laborales.
Este determina que no se otorgarán permisos laborales a las personas solicitantes de forma inmediata, sino que deberán cumplir con el procedimiento interno que establezca la institución y que se comunicará oportunamente.
A quienes ya se les fueron otorgados los permisos, se les renovará solamente si la persona cuenta con la inscripción a la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S).
Nueva solicitud
En caso de que sea nueva solicitud de protección internacional deberá ser presentada dentro de un mes natural a partir del día de su ingreso al país sin necesidad de solicitar cita, deberá presentarse personalmente.
“La persona debe venir de su país de origen directamente, en caso de no ser así, deberá justificar las razones por las cuales no solicitó dicha protección en el país en el que se encontraba”, señala este primer decreto.
Por otro lado, las personas solicitantes de refugio ya no podrán salir de Costa Rica por ningún motivo, mientras su solicitud se encuentra en trámite. De hacerlo, se entenderá como un abandono del proceso y se archivarán en forma definitiva.
Segundo decreto: Categoría Especial Temporal para Personas Nacionales de Nicaragua y otros países.
El segundo decreto se refiere a la Categoría Especial Temporal para Personas Nacionales de Nicaragua, Cuba y Venezuela, la cual entraría a regir el 1 de marzo del año 2023, que busca liberar el sistema de refugio.
Esta petición ha sufrido un uso abusivo de la figura que afecta negativamente a las personas solicitantes de refugio, según las autoridades.
“Hay quienes verdaderamente son meritorias de la protección internacional y que deben esperar por meses e incluso años para contar con una resolución sobre su estatus de persona refugiada”, agregan.
A la fecha, la Dirección General de Migración y Extranjería, ha recibido 222 mil 056 solicitudes de refugio desde el 2018, de ellas 172.689 se encuentran aún pendientes de resolver.
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Además, la institución ha detectado que entre un 80 a un 90 por ciento de las personas que solicitan refugio no califican dentro de la definición de esta protección internacional, incluyendo migrantes económicos o que llevan años viviendo en el país y nunca se han regularizado.
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