La Asamblea Nacional aprobó este martes 26 de octubre, la iniciativa de “Ley Especial para la Vigencia de las Cédulas de Identidad Vencidas”, la cual permitirá a las personas con carnet de identidad vencida, ejercer su derecho al voto en noviembre.
Los diputados en su mayoría sandinistas, fueron los principales promotores de la Ley, basándose en el artículo 132 y 146 de la Constitución Política.
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“La presente ley tiene por objeto disponer la vigencia de las cédulas de identidad ciudadanas a aquellos ciudadanos con cédula de identidad vencida, únicamente para garantizar el derecho al sufragio universal, igual, directo, libre y secreto, tal como lo establecen los artículos 132 y 146 de la Constitución Política de Nicaragua”, cita la iniciativa.
La medida que estará vigente únicamente el 7 de noviembre de 2021 para “las cédulas que estén vencidas en esa fecha con el objeto exclusivo de garantizar el derecho al voto durante las elecciones generales”, señalan.
A 11 días de las elecciones presidenciales en el país, el gobierno mantiene detenidos a 39 dirigentes opositores, empresarios, defensores de derechos humanos y periodistas; entre ellos los aspirantes presidenciales.
Una fuente de la Unión Europea (UE) que brindó declaraciones bajo el anonimato, manifestó que las elecciones en Nicaragua “no serán ni libres ni democráticas”.
“Es muy posible que haya un rechazo a reconocer los resultados puesto que no representa la opinión de los nicaragüenses”, enfatizó.
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En cambio, la Organización de Estados Americanos (OEA), aprobó recientemente un proyecto de resolución contra Nicaragua, en la que solicita al gobierno cumplir “todos los estándares internacionalmente reconocidos, incluidas las reformas electorales acordadas, con vistas a celebrar elecciones libres, justas y transparentes”.
“Adoptar, si es necesario, otras acciones en conformidad con la Carta de la Organización de Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, incluida una valoración de las elecciones del 7 de noviembre durante la 51a Asamblea General”, establece uno de los puntos de la resolución aprobada el pasado 20 de octubre.
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