Las ONGs Urnas Abiertas y Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua, acusaron al gobierno de Daniel Ortega de “persecución judicial” por encarcelar a opositores investigados por supuestos delitos de lavado de dinero.
“La Policía y Fiscalía, en complicidad con el Poder Judicial, actúan de forma arbitraria e inconstitucional con acusaciones que confirman el estado de terror dirigido a silenciar a la sociedad que demanda libertad, verdad, justicia y el derecho a vivir en democracia”, señala el colectivo.
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Por su parte Urnas Abiertas relacionó estas acciones judiciales con las elecciones de noviembre en las que la administración Ortega-Murillo buscaría una tercera reelección.
Urnas Abiertas enfatizo que Ortega ha provocado “la erosión de las condiciones necesarias para un proceso electoral libre, justo, creíble, legítimo, transparente y observado”, e instó a la comunidad internacional a desconocer desde ya los próximos comicios.
En cambio, el colectivo pidió al gobierno el cese de la persecución y leyes que violan los derechos humanos de las más de 150 personas presas políticas en Nicaragua.
El pasado 24 de agosto el Ministerio Público, acusó a dos ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Marcos Antonio Fletes Casco y Walter Antonio Gómez Silva, quienes permanecen detenidos y que este 26 de agosto cumplen los 90 días detención que se le había impuesto.
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Ese mismo día se acusó y ordenó la captura de otros extrabajadores de la Fundación, Guillermo Medrano y Lourdes Arroliga, por “apropiación y retención indebida”, Emma Marina López y Pedro Vásquez Cortedano “por ser cooperadores necesarios del delito de lavado de dinero” y a la ciudadana Ana Elisa Martínez Silva por “apropiación y retención indebida; gestión abusiva; y por ser cooperadora necesaria del delito de lavado de dinero, bienes y activos”
A Cristiana Chamorro quien continúa bajo arresto domiciliar se le “amplio investigación” en su contra, por los delitos apropiación y retención indebida”. Mientras que su hermano Pedro Joaquín Chamorro, también detenido se le acusa de “gestión abusiva, apropiación y retención indebida”.
A eso hay que agregarle las detenciones de Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Violeta Granera, José Adán Aguerrí, entre otros líderes opositores y sociales.
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