El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, vetó a los cabilderos de su futuro gobierno, de acuerdo a un comunicado.
Todo aquel que integre su gabinete se comprometerá por escrito a no estar registrado como cabildero ni a nivel estatal ni a nivel federal. Además no podrá trabajar para un grupo de presión en un plazo de cinco años después de dejar el cargo.
Durante la campaña Trump condenó a los cabilderos y aseguró que se opondría al poder de los grupos de presión en Washington, lo que fue aplaudido entre sus seguidores.
Con esta decisión, el republicano quiere poner freno a la creciente influencia de cabilderos en su equipo, según señalan medios estadunidenses.
El plan prohibiría a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo cabildear durante cinco años después de dejar sus cargos, con lo que buscan disminuir su influencia.
El mandatario electo quiere “extender la definición de cabildero para cerrar las rendijas que usan los exfuncionarios públicos al autodenominarse consultores y asesores, cuando todos sabemos que son cabilderos”, señaló Mitch McConnell, líder de la mayoría en el Senado.
Los empleados por la industria de las influencias tienden a llamarse ahora “estrategas de relaciones de gobierno”. En realidad, la cifra de cabilderos registrados en Washington ha caído a menos de 10 mil comparado con 15 mil de hace diez años.
Por su parte, los cabilderos, muchos de los cuales tienen oficinas cerca de la Casa Blanca, aseguran que la medida podría salir contraproducente.
Trump tiene prisa por contratar a unos cuatro mil empleados del sector ejecutivo y su limitación podría llevar a algunos candidatos a buscar trabajo en otra parte porque las normas ponen límites a la manera como pueden ganarse la vida cuando decidan renunciar.
Aunque el plan tiene propuestas audaces, y dentro del Poder Ejecutivo puede aplicar la prohibición del cabildeo, las medidas que implican al Congreso son más difíciles.
La presidenta del Subcomité en Oriente Medio y África del Norte, Ileana Ros-Lehtinen, copatrocinadora de la Ley Nicaraguan Investment Conditionality Act, H.R.5708, “Nica Act”, reaccionó a la estrategia que Daniel Ortega se ha propuesto en contra de la iniciativa contratando a una firma cabildo estadounidense y ha aceptado una guerra diplomática en este sentido.
Fuente: Excélsior
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