La organización no gubernamental y de origen francés Reporteros sin Fronteras (RSF), se pronunció y exigió al gobierno de Daniel Ortega la liberación del Gerente General de Editorial La Prensa, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, detenido por la policía en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), luego del allanamiento a las instalaciones del diario el pasado 14 de agosto.
“Reporteros sin Fronteras (RSF) pide la liberación inmediata de Juan Lorenzo Holmann, el editor del único diario nacional de Nicaragua, La Prensa”, manifestó la organización, pidiendo a las autoridades nicaragüense que se les permite a los demás trabajadores volver a su centro de trabajo en las instalaciones del diario que aún continúan tomadas por agentes de la policía.
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La RSF aseguró que el mes de agosto ha sido “una total pesadilla para los aproximadamente 200 trabajadores de este medio de comunicación por la falta de papel periódico debido al bloqueo aduanero de la Dirección General de Aduanas (DGA).
Eduardo Enríquez, editor en jefe de LA PRENSA, dijo a la RSF que esta situación “es un duro golpe”. Enríquez expresó que la empresa deberá organizarse a corto plazo para encontrar económicamente la viabilidad de su edición digital, luego que su ejemplar dejara de circular a nivel nacional.
Primeramente, Holmann fue retenido durante el allanamiento a la prensa el viernes 13 de agosto. El sábado 14 de agosto en hora de la madrugada salió de las instalaciones del diario rumbo a la DAJ porque le habrían informados que tendría que firmar unos documentos.
Posteriormente la Policía informó en un comunicado que Juan Lorenzo Holmann fue detenido y sería investigado por “delitos de defraudación aduanera y lavado de dinero”, según un comunicado de prensa.
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Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), junto a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), rechazo y condenó en un informe la persecución y ataques a la libertad de prensa por parte de las autoridades en el país.
“Se recibieron reportes sobre la incomunicación de los trabajadores durante el allanamiento y la suspensión temporal del servidor interno de La Prensa, que habría impedido la publicación en su página web”, indicaron, alegando que este tipo de conductas constituyen graves ataques y restricciones indebidas en contra del derecho a la libertad de expresión.
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Los dos organismos de derechos humanos exigieron al gobierno de Daniel Ortega que cese toda conducta que afecte los derechos de periodistas y medios de información, que libere de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente.
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