El Gobierno de Daniel Ortega trasladó hacia Managua a algunos miembros del Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K) en el Municipio de Bluefields, Región Autónoma del Caribe Sur (RACS) para firmar un supuesto acuerdo para la construcción del Canal Interoceánico por Nicaragua. Lo anterior, sin haberse llevado un proceso de consulta de conformidad con los estándares mininos de buena fe y requeridos por la normativa nacional e internacional, así lo dio a conocer la asesora jurídica del Consejo Nacional de Defensa a la Tierra, Lago y Soberanía, Mónica López Baltodano.
Principalmente los líderes de las comunidades de Monkeyn Point, Wiringkay y Bangkukuk Taik, las más afectadas por los planes de la construcción de la infraestructura del canal, han venido denunciando desde enero de 2014 la falta de un proceso de consulta de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales requeridos en estos casos. Así como la violación de los estatutos del Territorio Rama y Kriol y de las resoluciones tomadas por su Asamblea Territorial, su máxima autoridad según la Ley 445.
Durante dos años y medio funcionarios del gobierno nacional y regional han ido en dos ocasiones a cada una de las comunidades Rama y Kriol a divulgar la propaganda y las promesas de un canal que proveerá toda clase de bondades.
Sin embargo, el Estado no ha informado a las comunidades de Monkey Point y Bangkukuk Taik que ambas van a ser impactadas directamente y que según el Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) auspiciado por la Concesionaria HKND y avalado por el Estado de Nicaragua, la Comunidad Rama de Bngkukuk va a ser desplazada de su territorio tradicional, y titulado por el Estado en el año 2009, a pesar de ser estos los últimos hablantes del idioma Rama.
Durante una cesión del GTR-K realizada hace dos semanas, éste por mayoría, decidió que no firmarían ningún documento por la falta de asesoría legal en todo el proceso así como por no haber contado con un observador internacional, como lo ordenó la Asamblea Territorial del Territorio Rama y Kriol en diciembre de 2013.
De conformidad con sus Estatutos, el GTR-K está conformado por 18 miembros, de cada una de las 9 comunidades que lo conforman. Sin embargo, algunos de los miembros de las comunidades indígenas y afrodescendientes que llevó el gobierno a Managua no son miembros del GTR-K; y algunos de los que sí forman parte del GTR-K denuncian que no fueron ni siquiera informados del viaje, y menos de la firma del documento que ahora publica la prensa oficialista.
Por estas y otras violaciones al proceso de consulta, libre, previa e informada que requiere la ley, en los próximos días líderes del GTR-K y de las comunidades presentarán un Recurso de Amparo denunciando los irregulares hechos, y continuarán con sus gestiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde se encuentra el caso.
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