La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares para los ciudadanos, Cristiana María Chamorro Barrios, aspirante presidencial; Walter Antonio Gómez Silva y Marcos Antonio Fletes Casco, ambos ex trabajadores de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH); y Lourdes Arróliga, periodista y colaboradora de FVBCH.
“En particular, el Estado deberá tanto asegurar que sus agentes respeten los derechos de las personas beneficiarias, de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, como en relación con actos de riesgo atribuibles a terceros. Que adopte las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención de las personas beneficiarias que se encuentran privados de la libertad se adecúen a los estándares internacionales aplicables. Concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición”, cita la CIDH.
Las personas beneficiarias son exintegrantes de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que desde el 2018 publica informes que recopilan y sistematizan los actos de agresión contras personas en el ejercicio de su derecho a libertad de prensa e información.
En febrero de 2021, la Fundación decidió cerrar sus actividades ante cambios en la legislación doméstica que consideró podría implicar violaciones a los derechos humanos de sus integrantes. “Según la solicitud, en enero de 2021, se habría empezado a difundir el nombre de la señora Cristiana Chamorro Barrios, quién fue presidenta de la Fundación, como posible candidata a la presidencia de la República. Desde entonces, habría empezado a ser objeto de campañas de desprestigio en redes sociales, incluyendo amenazas por parte de terceros”, agrega el documento.
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El 28 de mayo de 2021, Marcos Antonio Fletes Casco y Walter Antonio Gómez Silva fueron detenidos en el marco de una investigación en contra de la FVBCH sin que el Estado haya brindado información sobre su lugar de detención, ni permitido contacto alguno con sus familiares o abogados hasta la fecha de envío de la última información.
Walter Gómez y Marcos Fletes, extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro
El 2 de junio de 2021, las autoridades estatales habrían allanado la casa de Cristiana Chamorro Barrios, donde permanecería encerrada, sin poder salir al exterior de la misma y estando totalmente incomunicada y vigilada a tiempo completo por agentes policiales que permanecen dentro de la propiedad.
Al respecto, la CIDH advirtió que la falta de acceso de familiares y abogados a las personas detenidas puede incrementar su situación de vulnerabilidad, en la medida que permanecen en un estado de indefensión ante posibles incidentes o circunstancias que pongan en peligro sus derechos a la vida e integridad personal.
Cristiana Chamorro, aspirante presidencial de Nicaragua
FOTO: Cortesía
La Comisión Interamericana asegura que el contexto actual por el que atraviesa Nicaragua, viene siendo monitoreado por su Mecanismo Especial de Seguimiento a Nicaragua (MESENI), así como por la especial situación de exposición en la que se encontrarían las personas que se han manifestado en contra de las acciones de represión del actual Gobierno.
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“Información proporcionada, las intimidaciones y actos de hostigamiento de los cuales serían objeto se fundan, en gran parte, en su perfil como exintegrantes de una fundación cuya labor estuvo enfocada principalmente en la defensa del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Además, información indica que se han registrado actos de hostigamiento y agresión en contra de líderes y lideresas de la oposición nicaragüense que hicieron públicas sus aspiraciones para competir por la presidencia en las próximas elecciones generales convocadas para el 7 de noviembre de 2021”, concluyen.
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