Organizaciones políticas y sociedad civil condenan la escalada represiva en contra de la ciudadanía nicaragüense, al amparo de leyes inconstitucionales como la “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz”.
“Denunciamos ante la comunidad internacional y organismos de derechos humanos que todos los secuestros han sido llevados a cabo bajo conceptos penales ambiguos y sin evidencia probatoria, violando todos los principios del debido proceso. Estos secuestros y allanamientos se efectuaron al margen de los procedimientos establecidos por el Código Procesal Penal, en horas de la noche, sin órdenes judiciales, con lujo de violencia y con la participación de civiles armados, conocidos como “paramilitares”, que cuentan con el total resguardo y observación por parte de la Policía Nacional”, manifiestan.
Las organizaciones consideran que el país se encamina a las peores elecciones debido a la ola de represión, arrestos y restricciones, lo que no permitirán que sean unos comicios libres y transparentes a como lo demanda la comunidad nacional e internacional.
Además condenan las agresiones contra los hombres y mujeres de prensa, quienes han sido perseguidos políticamente en los últimos días hasta el punto de que muchos han tenido que exiliarse para resguardar sus vidas.
“Condenamos todo acto que atente contra los hombres y mujeres de prensa, quienes se enfrentan con la verdad a la etapa oscura que atraviesa el periodismo en Nicaragua. Desde antes de 2018, son incontables las violaciones a la libertad de prensa y expresión. Y ante la nueva ola represiva hay quienes, para proteger sus vidas, se han visto obligados a irse al exilio debido a la persecución política”, agregan.
Estas organizaciones solicitan a la comunidad internacional exigir al Estado de Nicaragua el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y democracia, además de tomar como base las recomendaciones hechas por la OEA.
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“De lo contrario, solicitamos pongan en marcha los mecanismos internacionales creados para corregir dichos
distanciamientos. La ruta electoral como alternativa de salida a la crisis sociopolítica de Nicaragua es cada vez
más distante de ser una opción donde la ciudadanía tenga garantías de respeto a sus derechos”, puntualiza el comunicado.
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