La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola presentó este miércoles un informe actualizado de la situación en Nicaragua ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En el informe, el organismo plasma una gran preocupación por el escalamiento represivo del presidente Daniel Ortega contra opositores y aspirantes presidenciales en Nicaragua ocurrido en las últimas semanas, y la persecución penal perpetuada. La CIDH contabiliza 124 personas privadas de libertad, entre ellos 5 precandidatos presidenciales.
“En un periodo de 20 días las autoridades nicaragüenses han detenido y criminalizado a cinco precandidatos presidenciales para las próximas elecciones generales a realizarse en noviembre de este año”, recordó Urrejola, y destacó que las casas de los opositores detenidos – 19 en menos de tres semanas – fueron allanadas sin ninguna orden judicial.
Cortesía: AFP.
Los encarcelados son acusados por, según el régimen de Ortega, “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”.
También son señalados de proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos y lesionar los intereses supremos de la nación.
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Serán defendidos por litigantes de oficio
La CIDH condena las detenciones porque gozan del beneficio de medidas cautelares, las cuales fueron irrespetadas por el régimen de Ortega. La instancia advierte en el informe que las personas procesadas no tienen garantizado el “derecho a la defensa legal adecuada”, restringiendo el acceso a abogados, asignando en su lugar a un litigante de oficio, operador del gobierno en turno.
Niegan información en El Chipote a la esposa del precandidato presidencial, Miguel Mora.
FOTO: Cortesía.
“La comisión recibió información sobre realización de audiencias secretas, sin representación legal”. Urrejola también condena la violación de derechos humanos reflejada en la negativa de las autoridades de la cárcel “El Chipote” de recibir alimentos para los detenidos.
Para la CIDH, hay una prolongación del Estado de excepción de facto debido a que se mantiene y se ha intensificado el cierre de los espacios democráticos bajo una estrategia que busca impedir, inhibir cualquier forma de manifestación contraria al gobierno y que incluye la aprobación de una serie de leyes contrarias al derecho internacional y de los derechos humanos.
“En la última semana se refleja el incremento del número de solicitudes de medidas cautelares que hemos recibido en lo que va del 2021, la comisión ha recibido 27 solicitudes de medidas de protección de personas nicaragüenses”, indicó.
El organismo hizo propio el llamado de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos Humanos, Michelle Bachelet respecto a la liberación inmediata de los presos políticos “un llamamiento urgente a la comunidad internacional para que exijan al Estado de Nicaragua cito las palabras textuales; la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente, cesar todo acto de persecución en contra de las voces disidentes, restablecer los derechos y libertades para que sea posible un proceso electoral libre, creíble y equitativo y derogar la legislación restrictiva del espacio cívico y democrático”, concluyó.
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