Aprueban reforma a la Ley Electoral y darán poder a la policía para controlar protestas en campañas electorales

Presencia policial en Managua el pasado 17 de abril. FOTO: La Prensa.

La policía orteguista tendrá poder de controlar toda manifestación en campañas electorales, así lo dejaron claro los diputados en la Asamblea Nacional tras la aprobación de la reforma a la Ley Electoral impulsada por el oficialismo con artículos a su favor.

«La Policía Nacional y el Consejo Supremo Electoral coordinarán con las instancias correspondientes, para que movilizaciones de otra naturaleza que no sean partidarias no interfieran con la campaña electoral», dice el texto que sería adherido a la Ley Electoral.

La reforma aprobada con 85 votos a favor, 4  en contra y 0 abstenciones, inhibe a los opositores de participar en los comicios de noviembre próximo. limita el financiamiento electoral, suspende la observación electoral, restringe derechos constitucionales y son una herramienta para un posible “fraude” a favor de la reelección de Ortega.

El partido de gobierno ignoró las propuestas del Partido Yatama, Partido Restauración Democrática (PRD) y Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) que participaron en el proceso de consultas de la Comisión Especial de Carácter Constitucional para Aspectos Electorales.

FOTO: Cortesía.

«En lugar de cumplir con el compromiso de implementar reformas democráticas, Ortega ha empujado a través de nuevas leyes la expansión de su control. La más atroz de estas, que se aprobó a fines de 2020, lo faculta para prohibir arbitrariamente que los candidatos de la oposición se postulen en las próximas elecciones», señalaron los legisladores de la Cámara bipartidista de Estados Unidos.

Los funcionarios estadounidense criticaron que las reformas propuestas muestran desprecio por las modestas solicitudes hechas por la comunidad internacional. “Son una cortina de humo más que poco harán para enmascarar los planes de Ortega para noviembre», alegaron.

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Los opositores nicaragüenses han rechazado el proyecto de reformas a la Ley Electoral, porque no cumple con lo solicitado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la resolución aprobada en octubre 2020.

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