¡Ojo! con la cedulación en año electoral. Sondeo arroja datos desalentadores

Fachada de una sede del CSE. FOTO: La Prensa.

Un reciente sondeo realizado por una Organización No Gubernamental que prefiere el anonimato por precaución, recogió que el 31% de la población nicaragüense presenta problemas económicos para tramitar, renovar, y reponer la cédula de identidad, necesaria para ejercer el derecho al sufragio, a propósito de las elecciones generales que se avecinan en el país.

Por otro lado, el 26% de los encuestados señaló que otro de los obstáculos para la ciudadanía joven que realiza el trámite por primera vez, es el exceso de requisitos que se les solicita. Mientras, el 15% argumentó que la priorización de las personas pro gobierno también es un problema. “A los pro gobierno se les facilita este trámite y a las personas identificadas como opositores, cualquier detalle lo utilizan como excusa para detener el trámite u obligarles a reiniciarlo, con lo cual les alargan el proceso y provocan que la persona desista de terminarlo”, detalla el estudio.

Seguido, el documento refleja con 14% que la lentitud en el trámite y tiempo de entrega también es un problema. El Consejo Supremo Electoral (CSE) es corrupto y no prioriza la cedulación, destacó el 10 % de los encuestados, y el 4% restante para completar los 100% dijo que los problemas son otros.

El sondeo se realizó en el marco de la campaña ciudadana “Mi Cédula es mi Rostro”, en 8 territorios (Managua, Masaya, León, Carazo, Matagalpa, Estelí, Nueva Guinea y Nueva Segovia). Mil cincuenta (1050) ciudadanos fueron los encuestados.

“Entre los hallazgos más relevantes sobre los obstáculos para obtener el documento de identidad, encontramos el pago de 300 córdobas, a esto se suma los gastos que incurre el ciudadano para actualizar su certificado de nacimiento, pago de fotocopias de los documentos contemplados en los requisitos, gastos de movilización, que en las zonas rurales se vuelven mayores debido a las largas distancias para salir de sus comunidades y asistir a las oficinas de cedulación. En términos reales el gasto para tramitar la cedula, representa el doble, o en ocasiones en triple, de los 300 córdobas que cobra el gobierno”, explica la ONG en el documento.

Muchas familias no pueden asumir el gasto que representa la tramitación de la cédula, agrega el sondeo, tomando en cuenta que Nicaragua es el segundo país más pobre de Latinoamérica, con los salarios mínimos muy por debajo del precio de la canasta básica y una tasa de desempleo preocupante que se agravó con la crisis sociopolítica que inició en abril 2018.

Régimen no promueve campaña de cedulación

Los comicios en Nicaragua se llevarán a cabo en noviembre próximo y el régimen de Daniel Ortega, aparte de no mostrar voluntad para realizar reformas electorales, no ha creado o promovido ninguna campaña de cedulación que garantice el acceso al documento en este año electoral.

“Entre la importancia que las personas encuentran en la cédula, un 49% indicó el ejercicio del voto, lo cual cobra relevancia en el año electoral que se encuentra Nicaragua”, según el sondeo.

Gráfica publicada en el sondeo.

El artículo 3 de la Ley 152 “Ley de Identificación Ciudadana”, señala que el Estado está en la obligación de otorgar la cedula de identidad a todos los ciudadanos a partir de los 16 años de edad. Pero, el 54% de los encuestados señaló que no conocen, ni han escuchado en este año electoral sobre alguna campaña de cedulación.

Antecedentes

La Unión Europea (UE) observó que, en las elecciones de 2006, la distribución de cédulas fue mal gestionada por el CSE y permitió la distribución selectiva a favor del FSLN.

El Organismo de Observación Electoral Nicaragüense, Ética y Transparencia remarcó en las elecciones de 2008 que “el CSE manejó el registro e inscripción de votantes (cedulación) de forma sesgada, a favor del partido de gobierno (FSLN), que era el que gestionaba y facilitaba cédulas de forma expedita, sin costos y de forma extraoficial”.

“De acuerdo a los hallazgos del presente sondeo, confirman que esta misma lógica, orquestada por el partido de gobierno se sigue implementando en la actualidad. En Nicaragua, Ortega y Murillo controlan hasta la identidad de las personas”, concluye el estudio.

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