La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado al Estado de Nicaragua rendir un informe en un plazo de tres meses con respecto a la petición que interpuso el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y el Centro por la Justicia y Derecho Internacional (Cejil).
La Secretaria Ejecutiva de la CIDH recibió la petición el pasado 14 de mayo del 2020, y basa en que el Cenidh y Cejil responsabilizan al Estado de Nicaragua por el allanamiento ilegal de las oficinas de los defensores de derechos humanos y cancelación de su personería jurídica, situación que a la fecha continúa sin respuesta.
Tuit del Cenidh.
La CIDH llama al régimen de Daniel Ortega a que presente sus observaciones conforme al artículo 30 (3) de su reglamento. La petición inicial es el primer paso en un proceso que busca llevar a juicio al Estado, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del cual Nicaragua forma parte por su adhesión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Documento emitido por la CIDH.
CSJ ignora situación del Cenidh
La policía mantiene desde diciembre 2018 ocupadas las instalaciones del Cenidh, y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sigue sin resolver los recursos interpuestos; dos de amparo y uno por inconstitucionalidad.
Ambas organizaciones peticionarias consideran que el régimen ha ejecutado una serie de agresiones que parten de una estrategia de ataque frontal del Estado en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, lo que impulsó a que en 2019 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) otorgara medidas de protección a los integrantes del Cenidh y a otras personas defensoras.
La CIDH destacó que el plazo de tres meses podría ser prorrogable si fuese necesario hasta un máximo de cuatro meses.
Además de que el régimen ignora el llamado de la CIDH, las propiedades confiscadas en el contexto de la represión en Nicaragua ya han sido asignadas a instituciones estatales de la dictadura, lo que constituye una confiscación.
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