El Ministerio de Gobernación publicó la forma en la que se regulará la Ley 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la cual sanciona con intervención de fondos, y multas de hasta por 500 mil dólares.
La normativa determina multas leves, graves y muy graves, las cuales van desde 300 mil a 500 mil dólares, a quien no se inscriba una vez siendo notificado, y a quien incumpla con la declaración de los fondos y activos mensualmente.
“En caso de una segunda infracción Leve sobre un hecho ya sancionado dentro de un período de noventa días, de la misma naturaleza de los indicados en esta norma, el Registro de Agentes Extranjeros, impondrá una multa igual al doble de las unidades de multas impuestas en la primera infracción.” dice el artículo 27 del Acuerdo Ministerial.
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El abogado Uriel Pineda, considera que esta normativa cercena el derecho a la libre asociación, pero además significa un amplio retroceso en Nicaragua.
FOTO: La Prensa
“Es una grave regresión, que básicamente imposibilita el derecho de asociación en Nicaragua, por un lado. Y por otro lado, a las organizaciones que ya operan en el país, y que tienen trayectoria les está dificultando la búsqueda de recursos internacionales, o de la cooperación internacional, para operar en el país.”, asegura Pineda
Indefensión a los derechos humanos
Pineda explica que con el reglamento que impuso el gobierno de Daniel Ortega a la ley de regulación de agentes extranjeros, lo que está haciendo es dejando a la indefensión los derechos humanos de la población.
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“La gravedad de esto, es que las organizaciones de la sociedad civil, las oenegés, procuran el cumplimiento de derechos humanos. No hay una sola organización, cuyo objetivo finalmente no repercuta en el cumplimiento, el respeto, la protección y promoción, de los derechos humanos. Consecuentemente, más que golpear a las organizaciones, más que golpear, o imposibilitar, materializar la cooperación internacional, lo que está haciendo el régimen al reglamentar la ley de agentes extranjeros, de la forma en que lo está haciendo, es dejar en una situación de indefensión de derechos humanos, a la población nicaragüense” considera.
Por otro lado, la doctora Asunción Moreno, jurista y académica, considera que este reglamento es intimidatorio para las personas, pero además, fortalece el mecanismo de control gubernamental.
“Esta normativa tiene carácter administrativo sancionador, ya que regula una serie de infracciones leves, graves y muy graves con las que se pretenden intimidar a todas las personas si estas no se someten al control desmesurado que pretenden al implementar esta normativa. Asimismo, se observa una concentración de poderes y control contra las organizaciones civiles dentro del Ministerio de Gobernación, a quien a través de esta normativa se le da facultades para iniciar hasta causa penales contra las personas que ellos consideren “agente extranjeros” de acuerdo a los términos vagos e imprecisos que se utilizan tanto en la ley como en la normativa dando lugar a interpretaciones discrecionales que pueden dar lugar a acciones arbitrarias contra los sujetos obligados.” dijo Moreno.
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