Tras aprobarse la reforma a la Ley General de Aguas que otorga concesiones a empresas privadas, Ruth Selma Herrera, ex Presidenta Ejecutiva de la Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), explica cómo será el funcionamiento de la privatización del mismo servicio básico.
Wálmaro Gutiérrez y otros disputados sandinistas explicaron que se malinterpreta la reforma al decir que es una privatización, sin embargo, Ruth Selma Herrera, asevera que, sí lo es, debido a lo escrito en los artículos reformados.
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“En los cada uno de los artículos que reformaron y suprimieron, en el capítulo 3 de la ley, te dice en cuanto a la intencionalidad, que se introduce a los agentes privados como proveedores del servicio.
Esto no quiere decir que mañana Enacal pasa a manos de una empresa privada, si no, que ellos van a buscar los segmentos de la población donde hay más inversión en la infraestructura, estabilidad en las fuentes de agua para ofrecerlas en privatización a empresas interesadas que solo ellos saben cuales son. Pero estarán intentando hacer contratos para ir entregando gradualmente, lo que consideren la mejor oferta y dejarle los huesos a Enacal”, señala la experta.
Explotación del servicio de agua
En el articulo 4 antes de la reforma, señalaba que no debe existir la privatización ni de manera directa o indirecta, sin embargo, se le suprimió esta última parte donde manifestaba que todo se maneja a través de las instituciones del sector.
“En el articulo 12 introducen la licencia donde la Autoridad Nacional del Agua (ANA) empezará a otorga licencias de aprovechamiento de agua y saneamiento a actores privados, esto es una estrategia para ir separando al sector público del servicio de agua para abrir una pista para quienes buscan donde colocar su dinero en la explotación del servicio de agua”, dice Ruth.
LEY No. 620, Aprobada el 15 de Mayo del 2007
Un grupo social encabezado por la Red Nacional de Defensa de los Consumidores se enfrentaron a la privatización del agua en los años 2004 y 2005. Para el año 2003, la Asamblea Nacional Nicaragüense aprobó una moratoria sobre cualquier privatización del agua hasta que se aprobara una ley nacional de aguas, que dicha ley se aprobó en septiembre de 2007.
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