Organizaciones de Derechos Humanos instan al Gobierno de Nicaragua de abstenerse de utilizar el aparato estatal para censurar y cerrar el espacio cívico

24 organizaciones de Sociedad Civil de América Latina y El Caribe dedicadas a la defensa de la Libertad de Expresión y Libertad de Prensa, que conforman la plataforma IFEX- ALC alzaron sus voces y condenaron la aprobación de la Ley de Ciberdelitos, una amenaza legal en contra de la Libertad de Expresión en Nicaragua.

“IFEX-ALC manifiesta su profunda preocupación con la aprobación de la Ley de Ciberdelitos el pasado 27 de octubre por la Asamblea Nacional de Nicaragua. La ley establece delitos cuya definición es bastante abstracta y que pueden dar margen a interpretaciones abusivas, además de criminalizar actividades que hacen parte del ejercicio legítimo de la libertad de expresión”.

“Como fue aprobada, la norma podría facilitar violaciones a la libertad de expresión, bien sea generando autocensura, o a través de la imposición de la censura por la vía judicial. Normas como esta constituyen una amenaza constante contra voces críticas y limitan el entorno de intercambio y flujo de información que caracteriza un espacio cívico abierto. En un país como Nicaragua, que se encuentra en una crítica situación de crisis de los derechos humanos, la Ley de Ciberdelitos podría servir para generar intimidación y amenazar el ejercicio periodístico independiente”; se lee en el comunicado difundido por IFEX-ALC.

En su más reciente boletín informativo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), también condenó la aprobación de Ley de Agentes Extranjeros, y la Ley de Ciberdelitos. El organismo regional alerta que la implementación de dichas leyes, criminalizan derechos fundamentales como la Libertad de Expresión, el libre derecho de Asociación, y el pleno derecho de participación en asuntos públicos.
Y es que, con la aprobación de dichas leyes, el Gobierno de Ortega legisla contraviniendo los tratados internacionales de Derechos Humanos ratificados por el Estado de Nicaragua.

El derecho de la ciudadanía nicaragüense a estar informada, debe de ser respetado.

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