Este martes diputados sandinistas enviaron a la Asamblea Nacional (AN) la iniciativa de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que consiste en “establecer la regulación a las personas naturales o jurídicas que respondan a intereses y financiamiento extranjero, y utilicen dicho financiamiento para realizar actividades que deriven en injerencia de gobiernos u organizaciones extranjeras en los asuntos internos de Nicaragua, poniendo en riesgo la seguridad del Estado”.
La iniciativa de ley también explica que esas regulaciones se harán a fondos monetarios, bienes, activos, y objetos de valor extranjeros y a quienes reciben remesas familiares, pero se exceptúan aquellos que son pensionados extranjeros y residan en Nicaragua.
El analista político e integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, José Dávila, señala que esta iniciativa de ley es una venganza política de Ortega, en respuesta a las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto a sus allegados.
FOTO: Noticiero En Línea
“Esta Ley de Regulación de Agentes Extranjeros que pretende aprobar la dictadura, y que seguramente lo haga, es una venganza por las sanciones que algunos Gobierno como el de Estados Unidos o la Unión Europea han tomado contra funcionarios del régimen. Buscan no sólo el control férreo de las transacciones que puedan tener nicaragüenses a nivel personal, o instituciones, con fundaciones extranjeras con las que se establezca alguna relación de servicio. Porque le deja la discrecionalidad de considerar que esas relaciones son interferencias de gobiernos extranjeros.” explica.
Ley inconstitucional
Por otro lado la abogada Martha Patricia Molina, integrante del Observatorio Pro Transparencia y Anti Corrupción, describe la iniciativa como una “aberración jurídica e inconstitucional” ya que vulnera al menos ocho artículos de la Constitución Política de Nicaragua, y añade que vulnera todos los tratados en materia de derechos humanos que Nicaragua ha ratificado a nivel internacional.
Observatorio Pro Transparencia y Anti Corrupción
“Es una ley sin duda alguna destinada a poner fin a la mala interpretación de injerencia extranjera que hace el régimen constantemente. Por ejemplo: yo como ciudadana nicaragüense, si arbitrariamente el Ministerio de Gobernación me nombra como agente extranjero, entonces no voy a poder opinar porque me van a penalizar. Esto significa que es un proceso de confiscación anunciado, desde ya señala a la Alianza o a la Coalición Nacional de que no podrán ser funcionarios ni empleados públicos, o candidatos a cargos públicos de cualquier tipo o naturaleza.”
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Gonzalo Carrión del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, comparte la misma idea que Martha Patricia, pues explica que esta ley está dirigida a la oposición nicaragüense que hoy mismo firmaron un consenso de propuestas de reformas electorales.
“Dicha Ley está precisamente con dedicatoria, porque incluso menciona alianzas, coaliciones, etc. Está en el orden de la participación política, y desde ya, 14 meses antes de las elecciones previstas por calendario constitucional en noviembre del 2021.”
Carrión además señala que esta ley con estas intenciones viene a terminar de cercenar el derecho de la ciudadanía a votar libremente.
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