Se cumplen dos años desde la conformación del MESENI

CIDH en las afueras de El Chipote. Foto: Archivo

A dos años de la instalación del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recordó al Estado de Nicaragua sus obligaciones para la superación de la crisis de derechos humanos que persiste hasta la fecha.

Hay que recordar que el 19 de diciembre de 2018, después de seis meses de funcionamiento en terreno, Nicaragua decidió “suspender temporalmente” la presencia de la CIDH en el país.

Desde entonces, y a dos años de su instalación, el MESENI ha continuado las labores de monitoreo y seguimiento de las recomendaciones realizadas al Estado, desde la sede de la Comisión, en Washington D.C., para lo cual ha mantenido contacto cotidiano con las organizaciones de la sociedad civil que permanecen en Nicaragua, las que se encuentran en el exilio, con las víctimas y con sus familiares.

Parte del trabajo recopilado por el Meseni revela que «la respuesta violenta del Estado a las protestas sociales iniciadas el 18 de abril de 2018, ejecutada bajo diferentes modalidades o etapas de represión, ha resultado en la muerte de 328 personas, entre ellas, 21 policías y 24 niñas, niños y adolescentes; cerca de 2 mil heridas; más de 770 personas fueron privadas de la libertad; y cientos de despidos arbitrarios de profesionales de la salud que aún persisten».

Por su parte, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), instalado por la Comisión en julio de 2018 con el fin de coadyuvar en las investigaciones de las muertes ocurridas en el contexto de los hechos violentos en el país, concluyó la realización de conductas en el contexto de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil que, de acuerdo con el derecho internacional, deben considerarse crímenes de lesa humanidad, tales como la encarcelación u otra privación de la libertad física, persecución, violación y tortura.

Asimismo, a través del MESENI, la CIDH ha denunciado la prolongación del estado de excepción de facto en el país, en el que se mantienen suspendidos o severamente limitados derechos como la libertad de expresión, el derecho de reunión y asociación, a la defensa de derechos humanos, y a participar en la dirección de los asuntos públicos.

En particular, desde el 2018 el Estado mantiene una estrategia para impedir e inhibir cualquier manifestación contraria al Gobierno. Además, persiste la práctica regular de detenciones con fines intimidatorios y acusaciones penales arbitrarias e ilegales en contra personas opositoras, que a la fecha mantiene a más de 80 personas privadas de libertad.

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