El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha expresado este martes su preocupación por el elevado número de defensores de Derechos Humanos asesinados en Colombia y ha pedido al Gobierno de Ivan Duque que actúe para poner fin a este “ciclo de violencia e impunidad”.
La oficina que dirige Michelle Bachellet tiene constancia de 107 asesinatos de activistas durante 2019 y está tratando de verificar otros trece, ha explicado su portavoz, Marta Hurtado, subrayando que “los ataques contra los defensores de los Derechos Humanos ya se habían intensificado en 2018”, cuando hubo 115.
“Esta terrible tendencia no muestra descanso en 2020, con al menos diez defensores de los Derechos Humanos asesinados presuntamente en los trece primeros días de enero”, ha lamentado.
Del total de asesinatos en 2019, el 98 por ciento de ellos se produjeron en municipios con economías ilícitas en los que operan grupos criminales o armados y el 86 por ciento tuvieron lugar en localidades donde la tasa de pobreza está por encima de la media, ha explicado.
Cuatro provincias –Antioquia, Arauca, Cauca y Caquetá– aglutinan más de la mitad de los asesinatos, si bien se registraron en 25 provincias. Los activistas que defienden los derechos de comunidades y grupos étnicos como indígenas o afrodescencientes han sido el principal objetivo, mientras que el asesinato de mujeres activistas se incrementó en un 50 por ciento con respecto a 2018, ha precisado.
“Las cifras reflejan la gravedad del problema pero ocultan las causas estructurales que sustentan la violencia contra los defensores de los Derechos Humanos”, ha subrayado Hurtado, insistiendo en que todo ataque contra este colectivo “es inaceptable y constituye un asalto contra la democracia, además de minar la participación y el acceso de los ciudadanos a sus Derechos Humanos”.
Petición a Duque
Así las cosas, el Alto Comisionado de la ONU ha llamado al Gobierno colombiano a “hacer esfuerzos arduos para evitar los ataques contra las personas que defienden los derechos fundamentales, para investigar todos y cada uno de los casos y procesar a los responsables de estas violaciones, incluidos quienes las instigan o ayudan e incitan a estas violaciones”.
“El ciclo vicioso y endémico de violencia e impunidad debe cesar. Las víctimas y sus familias tienen derecho a la justicia, la verdad y las reparaciones”, ha reclamado Hurtado, que aunque ha reconocido que se han dado “algunos pasos positivos”, “el número de asesinatos demuestra claramente que aún queda mucho por hacer”.
“Pedimos a las autoridades que redoblen sus esfuerzos para garantizar un entorno libre y seguro para el compromiso cívico y para incrementar la presencia de las autoridades civiles del Estado en zonas rurales para ofrecer servicios básicos como la sanidad y la educación”, ha añadido.
Según la portavoz del Alto Comisionado, “las disparidades en el disfrute de todos los derechos, en particular los económicos, sociales y culturales y en especial en las zonas rurales, tienen que ser atajadas urgentemente”. Asimismo, es necesario desarrollar más “medidas de naturaleza colectiva para proteger zonas geográficas o comunidades”, ha remachado.
EUROPA PRESS
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