Querida Nicaragua: Este es el país donde todos los días uno se encuentra una o varias novedades. Esta vez nos hemos encontrado con un desagradable asunto que traspasa las fronteras nacionales y que habrá que dar explicaciones a algunos gobiernos amigos. Se trata de seis extranjeros detenidos por la Policía Nacional el pasado sábado 25 de junio en La Fonseca, Nueva Guinea. Según versiones responsables este grupo de jóvenes ambientalistas andan en muchos países ayudando a los pobladores de las áreas rurales a fabricar hornos que gastan muy poca leña. Esa es la labor que andaban realizando en La Fonseca, y seguramente como recibieron la colaboración de los miembros del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, que se opone rotundamente a la ley 840, la ley del supuesto canal interoceánico, los sabuesos policiales encontraron motivos suficientes para detenerlos. Hasta ayer lunes no se tenían mayores detalles del asunto. Es probable que se resuelva de un momento a otro, no sin haber dejado para los países amigos de los ambientalistas y para estos mismos un mal sabor sobre su visita a Nicaragua, donde seguramente no volverán por considerarla terreno peligroso. Lo que queda claro es que nuestra Policía no tiene como función proteger al ciudadano, antes por el contrario, espiarle y detenerlo bajo la menor sospecha. Estamos llenos de sabuesos.
Otro notición que nos encontramos el lunes por la mañana. Según el nunca bien ponderado presidente del Consejo Electoral don Roberto Rivas, la verificación de los ciudadanos fue un éxito rotundo. Se verificaron, según él, más de un millón de ciudadanos. Seguramente nosotros estamos ciegos o perdiendo la vista y también el oído porque no vimos ni oímos ningún movimiento que nos indicara actividad alguna en los recintos donde se verificarían los ciudadanos. Vimos si vehículos oficiales visitando partidarios del orteguismo, empleados públicos temerosos de perder sus empleos, lo hacían casa por casa y así pudieron reunir un mínimo porcentaje de verificadores. Podemos asegurar que el pueblo en general no mostró el más mínimo entusiasmo. Muchos ciudadanos entrevistados por los medios independientes manifestaron su apatía y su decisión de no votar en las dudosas elecciones de noviembre.
Tuvimos también una noticia refrescante gracias a los medios de comunicación internacionales. Pudimos ver en vivo y a todo color la inauguración de la ampliación del Canal de Panamá, una obra monumental cuyo costo ascendió a cerca de seis mil millones de dólares y que se decidió después de intensos estudios sobre el asunto, estudios de factibilidad, de rendimiento, de seguridad ambiental y sobre todo, la ampliación del canal se hizo después de consultar al pueblo en un referéndum. El pueblo panameño decidió emprender la obra de ampliación del Canal. Eso es lo que hace una nación libre, democrática, soberana, consultar a su pueblo, tomar en cuenta la opinión del pueblo y no llegar, mediante una mayoría parlamentaria a exigir la aprobación de una ley para un proyecto que compete a toda la nación y a la comunidad regional centroamericana.
Volviendo al tema de la Policía Nacional, estamos recordando que hace tres años ocurrió el criminal incidente de Ocupa INSS, donde un grupo de jóvenes defendían a los ancianos que pedían una pensión reducida. Ahí la Policía se graduó de cómplice, encubridora y participante en un asalto vergonzoso. Todavía no responde por la vapuleada que turbas de la alcaldía le propinaron a los jóvenes participantes. Tampoco responde por los siete vehículos robados esa noche, ni por las cámaras, celulares, carteras, documentos, instrumentos musicales, etc.
Sería bueno que pensaran los jefes policiales que su obligación es guardar el orden público, proteger al ciudadano, ayudarlo y defenderlo cuando se encuentre en peligro. La policía no es para espiar, ni para poner multas de tránsito, ni para detener por sospechas a las personas y llevarlas al centro de torturas llamado El Chipote.
Deje su comentario