Los jueces de inmigración de Estados Unidos denunciaron condiciones laborales inapropiadas, luego que el Departamento de Justicia envió un boletín con contenidos de un blog antiinmigrante y desestimó el derecho de los magistrados de sindicalizarse.
La asociación que agrupa a los más de 400 jueces de inmigración del país presentó dos denuncias el viernes ante la Autoridad Federal de Relaciones Laborales. Las denuncias activarán automáticamente una investigación, que es lo que están buscando los jueces, que son empleados del Departamento de Justicia.
La jueza Ashley Tabaddor, lideresa del sindicato de jueces, declaró el viernes en un discurso ante el Club de Prensa Nacional que el trabajo de sus representados se hace casi imposible bajo las políticas del gobierno de Donald Trump, debido a que supuestamente algunos emiten ciertos fallos sólo por temor a perder sus empleos.
“En los últimos tres años y particularmente en las últimas semanas, el Departamento de Justicia ha tomado pasos grandes, dramáticos y revolucionarios para desmantelar el sistema judicial y, honestamente, para atentar contra los principios básicos que nosotros los jueces consideramos fundamentales”, en opinión de la jueza.
Los jueces llevan más de una año en una disputa con el Departamento de Justicia sobre las cuotas de casos que deben resolver y sobre los límites impuestos a su habilidad de manejar casos atrasados. Tabaddor afirmó que la cifra de casos atrasados asciende a más de un millón.
Las denuncias surgen después de que el Departamento de Justicia le preguntó a la Autoridad si el sindicato tiene derecho a existir. El Departamento de Justicia alega que los jueces son personal administrativo, lo que los jueces niegan, señalando que ellos no administran personal alguno.
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La Oficina Ejecutiva de Asuntos de Inmigración, la agencia dentro del Departamento de Justicia que supervisa los tribunales de inmigración, envió a los jueces su boletín diario con contenidos de la página VDare, con mensajes que atacaban a los jueces con insultos racistas.
Fuentes del Departamento dijeron que el boletín fue redactado por una empresa contratista y que los mensajes no debían ser incluidos. Afirman que el Departamento condena enfáticamente el antisemitismo.
Tabaddor afirmó que el Departamento no pidió disculpas ni expresó arrepentimiento por los contenidos.
Además, según la judical, el Departamento impuso cuotas de casos que los jueces deben resolver y les quitó una herramienta que usaban para manejar casos, con lo que los expedientes atrasados aumentaron en unos 300.000. Tabaddor denunció que no se les ha dado a los jueces las herramientas para decidir casos correctamente, como asistentes o intérpretes, a pesar de que se han contratado más jueces.
El número de casos pendientes en las Cortes ha aumentado tras la solicitud de asilo de miles de inmigrantes que viajaban en caravanas hacia Estados Unidos.
AP
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