La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia denuncia que el Poder Judicial violenta el marco jurídico de Nicaragua con su proceder.
El Poder Judicial de conformidad con la Constitución Política es independiente y sólo debe obediencia a la Constitución y las leyes, por ello, todos los Magistrados y Jueces en su actividad judicial, deben ser independientes y se deben regir por los principios de igualdad, celeridad y derecho a la defensa, señala la Alianza en un comunicado.
La administración de justicia impartida por los jueces del Poder Judicial debe en consecuencia garantizar el principio de legalidad, proteger y tutelar los derechos humanos y garantizar el acceso a la justicia mediante la correcta aplicación de la ley en los procesos judiciales de su competencia.
A ese respecto, el Código Penal en artículo 130, establece que una de las causas que extingue la responsabilidad penal, es la Amnistía, la cual extingue por completo las penas principales y accesorias y todos sus efectos. En coherencia con la disposición legal, el artículo 72, numeral 10 del Código Procesal Penal (CPP) vigente, dispone en forma expresa, que la acción penal se extingue por la Amnistía.
#AlianzaInforma l Poder Judicial evidencia su falta de independencia. https://t.co/qEErZJL48G
— Alianza Cívica Nicaragua (@AlianzaCivicaNi) July 16, 2019
En observancia rigurosa de esas dos disposiciones legales, y teniendo como fundamento, el artículo 155 CPP, los jueces en los procesos contra los excarcelados políticos, deben en forma inexcusable, dictar “sentencias de sobreseimiento” a favor de estos, por cuanto la norma legal citada en forma expresa establece, que el sobreseimiento se dispondrá mediante sentencia, cuando exista certeza absoluta entre otras, que “la acción penal se ha extinguido”, agrega la Alianza.
Los abogados de la Unidad de Defensa Jurídica, y demás defensores de presos políticos interpusieron en tiempo y forma, Recursos de Reposición solicitando a los jueces dictar sentencia de sobreseimiento definitivo y la devolución de los bienes decomisados a los presos políticos; recursos que no fueron admitidos, al declararlos ilegalmente “inadmisibles”, por lo que han procedido a interponer Recursos de Nulidad por violación del procedimiento previsto en nuestra legislación.
Respaldamos la actuación de los abogados de la Unidad de Defensa Jurídica y denunciamos la consolidación de un estado policial que utiliza todos los poderes del Estado para reprimir y criminalizar la protesta cívica y la disidencia en nuestro país.
— Alianza Cívica Nicaragua (@AlianzaCivicaNi) July 16, 2019
Desde la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), respaldamos su actuación y denunciamos ante la opinión pública, la comunidad internacional y los organismos de Derechos Humanos, la consolidación de un estado policial que utiliza todos los poderes del Estado para reprimir y criminalizar la protesta cívica y la disidencia en nuestro país, en franca violación de los derechos y garantías constitucionales de todos los nicaragüenses.
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