El informe que Michelle Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó ante la ONU esta semana acusa al régimen de Nicolás Maduro de “graves vulneraciones de derechos”, y documenta, entre otros graves hechos, más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas entre enero de 2018 y mayo de 2019.
Estos delitos “deben ser investigados a fondo, estableciendo responsabilidades para sus autores, y garantizando su no repetición”, afirmó la alta comisionada en su discurso de presentación del documento el viernes en Ginebra.
Ante esta denuncia fueron varios los líderes internacionales que declararon que la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya debería abrir una investigación y tener evidencia suficiente para juzgar a Nicolás Maduro. El presidente de Colombia, Iván Duque, el ex mandatario colombiano Andrés Pastrana y el jefe de Estado chileno Sebastián Piñera consideran que Bachelet debe remitir su informe a la CPI.
José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch, también se sumó a este reclamo. “El informe denuncia que los abusos pueden constituir una ‘persecución por motivos políticos’ y pide investigar la ‘responsabilidad penal individual’ por esos crímenes. Bachelet debería enviar toda la información que recabó su oficina a la Corte Penal Internacional”, declaró Vivanco a través de su cuenta de Twitter.
Este pedido a la CPI no sería una maniobra inusual debido a que en octubre de 2018, Luisa Ortega Díaz, la destituida fiscal general de Venezuela que ahora se halla en el exilio, envió un documento a la CPI donde responsabilizó directamente a Nicolás Maduro sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en su país y pidió que sea detenido.
Infobae
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