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Alianza Cívica pide a la OEA iniciar plan de reformas electorales

Alianza Cívica

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia envía carta a Presidencia del Consejo Permanente en OEA reiterando incumplimientos del Gobierno y disposición de negociación.

La carta que la opositora Alianza Cívica remitiera el viernes al organismo, va dirigida a la señora Embajadora Yolande Yvonne Smith, representante permanente de Grenada y actual presidenta del Consejo Permanente en la OEA.

El bloque opositor manifiesta en la misiva que acoge la más reciente resolución de la Asamblea General Ordinaria de la OEA durante el Cuadragésimo Noveno encuentro efectuado en Medellín, Colombia a finales de junio del presente año. “Igualmente celebramos y respaldamos la decisión de la Asamblea General de insistir en el reingreso al país de la CIDH y otros organismos de Derechos Humanos y de nombrar una comisión de alto nivel para que, en el marco del artículo veinte de la Carta Democrática, realice las gestiones diplomáticas al más alto nivel, conducentes a la búsqueda de una solución pacífica a la actual crisis que vive Nicaragua”, reza la misiva.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se pone a disposición de esta Comisión para facilitar el proceso y anuncia establecer a lo inmediato, coordinaciones y comunicaciones pertinentes con el Consejo Permanente de la OEA para coadyuvar y facilitar las gestiones diplomáticas encomendadas a la Comisión para solucionar crisis política del país. “…, es urgente la puesta en marcha de reformas electorales que permitan reencausar al país al orden democrático mediante elecciones justas, libres, transparentes y adelantadas. Por lo anterior, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia reitera su voluntad de diálogo”, enfatiza la misiva. Los puntos que el Gobierno de Nicaragua ha incumplido y que el bloque opositor señala al Consejo Permanente de la OEA son: 1. Todavía falta por liberar un total de 104 presos políticos de las cárceles y centros de detención gubernamentales en el país. 2. El Gobierno de Nicaragua aun no libera jurídicamente a los excarcelados mediante sentencias de sobreseimientos definitivos que aseguren que sus cargos y expedientes han sido efectivamente cerrados. 3. La Continuidad de violaciones a los Derechos Humanos, tales como detenciones ilegales, tratos inhumanos y degradantes, tortura, acoso a excarcelados y sus familiares, y supresión a la libertad de expresión, asociación, reunión y movilización que persiste en el país. Estas violaciones son efectivamente resaltadas en el acápite cuatro de la referida resolución. 4. El Gobierno de Nicaragua no ha mostrado buena fe, ni voluntad de cumplimiento pleno a los acuerdos alcanzados, en particular el Acuerdo del día 29 de marzo de restitución de derechos y garantías constitucionales. Tampoco ha cumplido con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que, entre otros puntos, incluye el desarme de los grupos parapoliciales.

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