Human Rights Watch (HRW) pidió el miércoles a los gobiernos de América y Europa que sancionen al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y al menos a cinco altos funcionarios de seguridad por la violenta represión de las protestas que comenzaron en abril del año pasado.
La organización defensora de los derechos humanos agregó que las medidas deberían incluir prohibiciones de viajes y congelamiento de bienes, y sostuvo que muchos de los manifestantes padecieron abusos que, en algunos casos, alcanzaron el nivel de tortura.
Human Rights Watch difundió un informe de 98 páginas basado en documentos oficiales, fotografías, informes médicos y entrevistas con 75 personas, entre ellas víctimas y familiares.
“Daniel Ortega no ha mostrado el más mínimo interés en que las víctimas de la feroz represión perpetrada por miembros de la Policía Nacional y matones armados durante las protestas del 2018 logren justicia”, afirmó José Miguel Vivanco, director para América de Human Rights Watch.
Vivanco también exhortó a los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que sancionen a Nicaragua, incluyendo su suspensión, cuando los cancilleres asistan a la Asamblea General que se realizará en Medellín, Colombia, a fin de mes.
Vivanco calificó de “cortina de humo” el anuncio emitido la víspera por el gobierno de Ortega sobre la liberación de todos los detenidos durante las protestas e indicó que busca evitar una sanción de la OEA. La oposición nicaragüense, por su parte, asegura que al menos 86 personas continúan encarceladas.
Las protestas, que comenzaron en rechazo a la reforma del sistema previsional, se transformaron luego en la exigencia de que Ortega abandone el cargo y convoque elecciones anticipadas.
La represión por parte de las fuerzas de seguridad y milicias armadas partidarias del gobierno dejó al menos 325 muertos, más de 2.000 heridos y 52.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha dicho que no se ha investigado a las fuerzas de seguridad y que solo se ha condenado a un miembro de un grupo armado partidario del gobierno.
La Embajada nicaragüense en Washington no respondió un pedido de declaraciones de The Associated Press para conocer su posición.
Human Rights Watch pidió sanciones para Ortega y tres líderes de la Policía Nacional: la comisionada retirada Aminta Granera y los generales Ramón Avellán y Jaime Vanegas.
También para el general Luis Pérez Olivas, jefe de la cárcel El Chipote donde se alojó a los detenidos, y el general Justo Pastor Urbina, jefe del Departamento de Operaciones Especiales.
El Gobierno estadounidense ha impuesto sanciones al menos a seis funcionarios nicaragüenses, entre ellos a Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa de Ortega; al hijo de ambos, Laureano Ortega, y al actual jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz.
Otros países han tomado medidas menos drásticas.
Canadá ha reducido la ayuda directa al gobierno en casi $20 millones y el Parlamento Europeo aprobó en marzo una condena enérgica a Nicaragua por violaciones a los derechos humanos en la que reclamó que los responsables sean sancionados.
AP
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