Por Enrique Sáenz
El Instituto de Información de Desarrollo, INIDE, es la institución pública encargada de suministrar las estadísticas oficiales del país. Igual que otras instituciones del Estado en realidad su función primordial es ocultar información, retrasarla, manipularla o presentarla de manera incompleta. Con estas prevenciones vamos a referirnos a las más recientes estadísticas que dieron a conocer en materia de empleo.
Como sabemos, desde antes del estallido de la crisis de abril, la falta de empleo era la principal preocupación que agobiaba a las familias nicaragüenses. Y esto hay que remarcarlo. A pesar de la opinión que la propaganda del régimen instaló en las mentes de buena parte de la población, sobre la presunta gestión económica del gobierno de Ortega, la verdad es que se trataba de una chimbomba que se mantenía inflada, básicamente, gracias a la cooperación petrolera venezolana y al aumento progresivo de las remesas familiares. Una vez que se desplomó la cooperación petrolera, la chimbomba comenzó a desinflarse.
A pesar de las alegres cifras de crecimiento económico, ese crecimiento no se tradujo ni en generación de empleo de calidad, ni en elevar los salarios reales de los trabajadores por incremento de la productividad, ni en tasas sostenidas de aumento de empleo formal. Recordemos las largas filas de jóvenes en las ferias de empleo.
El crecimiento económico enriquecía a unos cuantos que medraban al amparo del poder, mientras la inmensa mayoría sobrevivía con empleos precarios, bajos salarios o mecateándose por cuenta propia.
Casi ocho, de cada diez nicaragüenses ocupados en alguna actividad laboral, lo hacían en la economía informal.
Obviamente, además de la represión, uno de los impactos más nocivos de la permanencia de Ortega en el poder es el agravamiento del desempleo y del subempleo.
Veamos qué nos dicen las instituciones del Estado sobre la tragedia del desempleo.
Según el INIDE, al cerrar el 2017, sin crisis, ni paros, ni tranques, más del 60% de la fuerza de trabajo nicaragüense se encontraba en condición de desempleo o subempleo. De hecho, el gobierno reconocía que más del 40% se encontraban en subempleo y más del 14 se calificaban como trabajadores sin salario.
Subrayemos cómo definen el subempleo. Lo definen así: “los ocupados que trabajan menos de las horas establecidas por semana por causas involuntarias, y que están dispuestos a trabajar más horas”.
Es decir, lo trabajadores que laboran media jornada, o a tiempo parcial, o un día sí, dos no, porque no encuentran un trabajo a tiempo completo, o permanente.
La definición también incluye a “las personas ocupadas que durante el período de referencia, trabajan más de las horas establecidas y ganan menos del salario mínimo.”
El gobierno reconoce como ocupados a lo que llaman “trabajadores no remunerados”, y los definen así: “la persona que trabaja sin recibir remuneración monetaria o en especie”.
Es decir, las personas que ayudan a soplar el fuego en una fritanga, a empujar el carretón a un jardinero, a cuidar las sandías, en los semáforos. O ayudar en la zapatería, en el mercado. No reciben salario, trabajan por comida. Que conste. Esto no es de ahorita. Ya en el 2017, catorce de cada cien se encontraban en esta condición.
Con el cierre de empresas, el porcentaje de desempleados, subempleados y trabajadores sin salarios superó el 70% de la fuerza laboral, al cerrar el 2018. Siete de cada diez. Y aquí va gente de toda edad, de toda ocupación, de todo género y a lo largo y ancho del territorio nacional. Simpatizantes del régimen también van en el saco.
En lo que concierne al INSS, según sus estadísticas, 158 mil afiliados dejaron de cotizar en el 2018.
Naturalmente, más allá de las cifras, lo más relevante es la dimensión humana. Toda persona que ha padecido desempleo o subempleo sabe la aflicción que se siente cada día, la angustia que se siente cada noche y la agonía permanente por no saber si se tendrá para la comida, las medicinas o para pagar las deudas. Y el alma en vilo por los hijos, hijas o padres que dependen del ingreso del cabeza de familia. 7 de cada diez se encuentran en esa condición. Detrás de ese frío número hay una familia que sufre.
La tragedia es que mientras Ortega se encuentre en el poder no hay manera que esta situación se resuelva. Porque ningún inversionista va a arriesgar su dinero con un gobierno que no respeta leyes, que no respeta la constitución, que no respeta derechos ni libertades. Ni el derecho a la vida, ni el derecho a un juicio justo. Tampoco respeta propiedades.
Si queremos esperanzas para los desempleados y para quienes viven con la amenaza cotidiana de perder el empleo, la única solución es salir de Ortega. Y esto también es válido para los empresarios de todo tamaño. El mayor daño no soy los paros. El mayor daño es la permanencia de Ortega en el poder.
- Comentarista de Radio Corporación
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