A un año de iniciadas las protestas sociales en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reitera su compromiso permanente con las víctimas de las violaciones a derechos humanos en Nicaragua, así como con sus familias. Asimismo, la CIDH urge al Estado a cesar la represión, esclarecer la verdad sobre los hechos y garantizar el acceso a la justicia y una reparación integral a fin de evitar la repetición de las graves violaciones perpetradas.
La respuesta violenta del Estado a las protestas sociales iniciadas el 18 de abril resultó en la muerte de 325 personas, entre ellas, 21 policías y 24 niñas, niños y adolescentes; y más de 2,000 heridas. Según cifras aportadas por la sociedad civil, 777 personas fueron detenidas y enjuiciadas, de las cuales, al menos 500 continúan privadas de libertad; 300 profesionales de la salud fueron despedidos; 144 estudiantes de la UNAN han sido expulsados; más de 70 periodistas y trabajadores de medios se vieron forzados al exilio. De acuerdo con ACNUR, alrededor de 62,000 personas nicaragüenses han huido a países vecinos, de las cuales unas 55,000 habrían buscado refugio en Costa Rica.
La CIDH lamenta que, a un año de iniciada la crisis, en Nicaragua se mantenga la imposición de un estado policial y de grave deterioro institucional. Persiste la represión estatal y una estrategia dirigida a acallar las voces disidentes. Asimismo, las graves violaciones a los derechos humanos documentadas por la Comisión permanecen impunes.
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