El diputado del Parlamento Europeo (PE), el socialista español Ramón Jáuregui, manifestó este martes que las sanciones al régimen de Nicaragua serán aplicadas de forma individual a los responsables de cometer violaciones a los derechos humanos desde el 18 de abril de 2018 y no descarta la activación de la cláusula democrática que suspendería a Nicaragua del Acuerdo de Asociación (AdA) entre la Unión Europea (UE) y Centroamérica.
“Se trata de un proceso escalonado. Las primeras sanciones serán individuales y dirigidas contra los principales responsables de vulneraciones de derechos humanos, y consistirán en la prohibición de entrada en Europa y en la congelación de bienes y activos. En una segunda fase y siempre sin perjudicar al pueblo, podrá denunciarse la cláusula de derechos humanos contemplada en el Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica”, manifestó Jáuregui a LA PRENSA a través de un correo electrónico.
Las declaraciones del legislador confirmaron el contenido de las propuestas de resolución sobre la situación de Nicaragua que el Parlamento Europeo discutirá este 13 y 14 de marzo en sesión plenaria.
Existen seis propuestas de resolución. Cinco establecen sancionar de manera individual a funcionarios públicos del régimen de Daniel Ortega, responsables de violaciones de derechos humanos desde el 18 de abril y urgen la activación de la cláusula democrática que suspendería a Nicaragua del Acuerdo de Asociación (AdA).
Algunas de estas son más directas y específicas —en cuanto a las sanciones—. Por su parte, solo una, la propuesta de resolución B8-0167/2019, no contempla ningún castigo.
La propuesta de Resolución B8-0170/2019, en el punto número diez, recuerda que “a la luz del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea (UE) y los países de Centroamérica, Nicaragua debe respetar los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos, tal como lo defiende y promueve la UE”. En ese sentido, “urge que la cláusula democrática sea activada, lo que suspendería a Nicaragua del Acuerdo de Asociación entre la UE y América Central”.
La Unión Europea es uno de los principales donantes de Nicaragua y para este año tiene comprometidos 128.12 millones de córdobas en concepto de cooperación no reembolsable, según datos del Presupuesto General de la República.
La propuesta “insta a la UE y a los Estados miembros a que continúen supervisando la situación y urge a considerar la implementación de sanciones específicas e individuales contra las personas del Gobierno, responsables de violaciones de derechos humanos”, destacando que estas “no deberían perjudicar a la población en general”, de acuerdo con las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores, del 21 de enero de 2019.
Otras propuestas son más detalladas, como la número B8-0169/2019, que solicita al “Servicio Europeo de Acción Exterior y los Estados miembros implementen un proceso escalonado de sanciones específicas e individuales, sin perjudicar a la población nacional, como las prohibiciones de visas y la congelación de activos contra el Gobierno de Nicaragua y las personas responsables de violaciones de derechos humanos”.
Las iniciativas además reclaman que la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, apoye las negociaciones entre Gobierno y la oposición y demande sanciones.
Las resoluciones recogen en los considerandos “que la represión en el país se ha intensificado” desde la visita de la delegación de eurodiputados en enero pasado.
Esa delegación fue encabezada por Jáuregui. Los parlamentarios incluso visitaron a los presos políticos y constataron las condiciones de aislamiento e insalubridad en las que viven.
Jáuregui dijo en su correo electrónico que, desde su visita al país, no han vuelto a tener contacto directo con Ortega.
“Recibimos información constante de los embajadores de Nicaragua en Bruselas y Madrid, pero no mantenemos conversaciones directas con el Gobierno. Nuestra impresión es que el Gobierno ha dado un paso importante al comenzar las negociaciones, pero no es suficiente, porque esas conversaciones deben ir acompañadas de gestos inequívocos respecto a la liberación de los presos políticos, al pleno disfrute de las libertades para líderes y movimientos sociales y a la vuelta de los organismos internacionales al país”, aseveró el diputado.
El político europeo agregó que apoyan las demandas de la oposición de cesar la represión y la liberación de los presos políticos, como condiciones previas al diálogo nacional que hasta ahora continúa suspendido.
“El gobierno debiera mostrar una voluntad de acuerdo más explícita, tanto en las condiciones previas como en la agenda de los temas a tratar y en la presencia de organismos internacionales que favorezcan el acuerdo. La oposición tiene también una gran tarea pendiente para articular y vertebrar una estrategia común y pragmática”, manifestó Jáuregui.
Las propuestas de resolución, que pueden ser consultadas en la hoja electrónica del Parlamento Europeo, consideran todos los acontecimientos de represión policial y paramilitar contra las protestas civiles desde el 18 de abril pasado; las violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, tomando como base el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI); el allanamiento y cancelación de personalidad jurídica a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG); la privación de libertad a más seiscientas personas por participar en las protestas contra el Gobierno; la censura a los medios de comunicación independientes, el deterioro de la democracia, entre otras.
En general, las seis propuestas de resolución que serán discutidas entre hoy y mañana en el pleno del Parlamento Europeo condenan la severa violencia contra manifestantes, la represión del derecho a la libertad de expresión, reunión, organización, la censura a la libertad de prensa y la expulsión de los organismos internacionales de derechos humanos. Expresan su solidaridad con el pueblo nicaragüense, ofrecen sus condolencias a las familias de los que murieron desde el 19 abril de 2018; piden la libertad absoluta de los presos políticos. Reiteran la demanda al ejecutivo nicaragüense de iniciar una investigación imparcial e independiente y enjuiciar a los responsables.
Tomado de La Prensa
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