En Nicaragua, el periodismo independiente desde que en 2007 asumiera el poder Daniel Ortega, ha venido siendo golpeado y acorralado de diferentes formas. Los principales canales de TV fueron comprados y encargados a los hijos de la pareja gobernante y ese imperio mediático es un instrumento vital de propaganda para diseminar la información, los eslóganes y la visión del partido FSLN, excluyendo y malversando las opiniones y puntos de vista de las fuerzas que no coinciden con el poder, señala PEN Internacional.
La situación de la prensa en Nicaragua es una de las pruebas más palpables de la ausencia de democracia en el país. La comunicación del gobierno es restringida a los medios oficialistas. La prensa independiente no tiene acceso al gabinete de gobierno, ni a los alcaldes o funcionarios públicos. El presidente Ortega no ha dado una sola conferencia de prensa en los once años que ha estado en el poder. Las únicas entrevistas que ha concedido han sido pactadas con medios extranjeros. Por otro lado, la actual vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, centraliza la información y en sus mensajes cotidianos se dedica a leer sobre las actividades gubernamentales y a repetir la narrativa propagandística del régimen. Ella es la única vocera autorizada, y es a la vez inaccesible para quienes no comulgan con las posiciones oficiales.
Esta situación, que era ya lesiva para la libertad de prensa en el país, se ha agravado desde el 18 de abril en que se iniciaron las protestas de la población. La prensa independiente se ha convertido en blanco de ataque de las fuerzas policiales y del Estado.
Más de 700 violaciones a periodistas y medios han sido reportadas. Se han quemado radios, censurado y eliminado medios independientes. El periodista Ángel Gahona fue asesinado durante una transmisión en vivo. En diciembre del 2018, los ataques se ensañaron con los medios de mayor audiencia y prestigio en el país. Miguel Mora y Lucía Pineda, director propietario y jefa de prensa del canal 15, 100% noticias fueron apresados el 20 de diciembre y las instalaciones del canal, clausuradas sin que mediara ninguna orden judicial. Acusados de “incitar al odio” y de otras culpas respaldadas sin base en una ley Anti-Terrorismo decretada para castigar a los participantes en las protestas, Miguel y Lucía han sido víctimas de tratamiento inhumano, aislamiento y siguen encarcelados sin ser llevados a juicio.
Por otro lado, los medios e instalaciones de los programas Esta Semana, Esta Noche, y el semanario Confidencial, fueron vandalizadas por la policía nacional quien sin ninguna legalidad confiscó el edificio y sustrajo equipos y documentos del estudio y oficinas.
Su director, Carlos Fernando Chamorro y varios de sus periodistas han debido exiliarse para evitar la captura y la criminalización de su actuar profesional.
Otros miembros de la prensa independiente y sus periodistas han recibido amenazas, han sido hostigados, golpeados, y sus equipos sustraídos repetidas veces. Más de sesenta periodistas han tenido que abandonar el país para proteger sus vidas y su libertad, denuncia PEN Internacional.
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