La Cancillería de Panamá ha comunicado la decisión de rechazar la solicitud de asilo político que el gobierno nicaragüense estaba ofreciendo al expresidente Ricardo Martinelli, quien ahora deberá permanecer en el país tras su intento fallecido de abandonarlo.
“La solicitud de salvoconducto para abandonar el territorio panameño al expresidente Ricardo Martinelli, que se encuentra refugiado en la embajada de Nicaragua, ha sido denegada por lo que no podrá viajar a ese país, donde recibió asilo político”, dijo la cancillería en un comunicado.
Anteriormente el gobierno de Nicaragua había solicitado una “pronta salida y traslado humanitario del asilado Ricardo Alberto Martinelli Berrocal”, según un documento firmado por el canciller nicaragüense Denis Moncada.
Sin embargo, las autoridades panameñas denegaron la petición de acuerdo al “artículo 1 de la Convención sobre Asilo de 1928 y de la Convención sobre Asilo Político de 1933”.
La cancillería panameña reveló que convocó a su sede a la embajadora de Nicaragua en Panamá, Consuelo Sandoval Meza, para expresarle la decisión de negar el salvoconducto que llevaría a Martinelli a suelo nicaragüense.
Y advirtieron que “cualquier acción que el exmandatario Martinelli intente realizar desde la sede diplomática de Nicaragua y que repercuta o impacte en la política doméstica de Panamá, será considerada como injerencia en los asuntos internos del país”.
Este sábado 10 de febrero, Ricardo Martinelli cumple cuatro días de permanecer alojado en el consulado de Nicaragua, luego que la administración de Daniel Ortega le otorgará asilo político. Recientemente la justicia panameña lo sentenció a 10 años de prisión y a una multa de 19,2 millones de dólares por blanqueo de capitales y otros actos de corrupción.
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Tras el pronunciamiento de la cancillería panameña, el gobierno nicaragüense reiteró su apego en el “cumplimiento al Derecho Internacional, en especial a la Convención sobre Asilo suscrita en La Habana en 1928 y la Convención sobre Asilo Político adoptada en Montevideo en 1933”.
Además, manifiestan que la negativa del salvoconducto, constituye una violación a las Convenciones sobre Asilo. “El Asilo Político debe ser respetado como un derecho humanitario, de acuerdo al derecho internacional y las leyes del país que otorga el Asilo”, subrayaron.
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